Si quiere llegar al 2026, la dupla gobernante Boluarte-Otárola está obligada a subir su alicaída popularidad y la única manera de lograrlo es empezar a gobernar mejor, dando solución a los problemas que más agobian a la población.
Ponerse del lado del país es el único boleto que le queda si tenemos en cuenta que este año los problemas más urgentes podrían agravarse y volverse inmanejables para el Gobierno, más aún si sigue basando su continuidad en hacer la voluntad de un Congreso capaz de traicionarlo, ni bien lo necesite para su planes de acaparar más poder e impunidad.
Resolver la crisis económica y la imparable inseguridad, por ejemplo, podrían ser salvavidas seguros para una presidenta que acabó el 2023 con solo 9% de aprobación.
Es de esperar que en este 2024 dos ángeles canten al oído de Palacio, uno malo representado por el Congreso que ya ha dado muestras de querer romper la debilitada alianza con el “dinismo” y es capaz incluso de vacar a Boluarte si ello favorece sus objetivos electorales; y el ángel bueno, la población, que si recibe salidas viables para su obstáculos más apremiantes, bien podría apoyar al Gobierno como lo hizo con el inefable Martín Vizcarra cuando, aún teniendo a todo el Legislativo en contra, tuvo cierto aval ciudadano para cerrar el Congreso.
Aunque esto último ni siquiera asoma en el radar político peruano (por ahora), lo cierto es que al duo gobernante le va a ser cada vez más difícil mantenerse bajo un escudo congresal que progresivamente empezará a resultarle menos efectivo. Si quiere mantenerse en Palacio, la hija predilecta de Chalhuanca va a necesitar algo más que mensajes vacíos como el del 31 de diciembre en que ofreció enfocar los esfuerzos de su Gobierno a “impulsar la economía y la lucha frontal contra la criminalidad y delincuencia”.
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Los peruanos ya hemos escuchado promesas similares en el 2023, como los llamados del Gobierno a “la sociedad civil, academia, sector privado, iglesia, administradores de Justicia y medios de comunicación” a comprometerse y trabajar en conjunto contra la inseguridad o contra la crisis económica. Son útiles como discurso, pero si el Gobierno no tiene un plan estratégico para enfrentrar de manera programática y multisectorial cada problema, las cosas se le pueden salir de control.
