Este lunes 6 de mayo, el Poder Judicial dará inicio a una audiencia crucial: la de control de la acusación fiscal presentada contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski y otros implicados en el caso «Westfield Capital», el cual tiene conexiones con la empresa Odebrecht.
Esta audiencia, que se llevará a cabo de manera virtual y sin posibilidad de posponerse, comenzará puntualmente a las 8:30 de la mañana. El encargado de dirigir esta fase será el juez Jorge Chávez Tamariz, quien asumirá la responsabilidad de conducir la etapa intermedia del proceso penal.
Cabe destacar que el fiscal José Domingo Pérez Gómez ha solicitado una pena de 35 años de prisión para el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski. Esta petición se basa en la acusación de presunto delito de lavado de activos, con el agravante de pertenencia a una organización criminal, en detrimento del Estado.
¿Qué implicaciones enfrentan los acusados en el caso ‘Westfield Capital’?
El magistrado encargado de este caso ha imputado al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski la presunta formación de una organización criminal que habría recibido más de 12 millones de dólares por parte de la constructora brasileña Odebrecht y otras entidades. Estas transacciones, presuntamente disfrazadas bajo el pretexto de consultorías y asesorías, estarían relacionadas con proyectos gubernamentales como la Carretera Interoceánica Sur (tramos dos y tres), el proyecto de Irrigación Olmos, Rutas de Lima, entre otros. Todo esto habría ocurrido durante el período en que Kuczynski ocupaba altos cargos en el gobierno de Alejandro Toledo.
El fiscal Pérez Gómez ha ampliado su acusación para incluir al empresario chileno Gerardo Sepúlveda Quezada, para quien se solicita una pena de 35 años de prisión. Además, personas cercanas al ex jefe de Estado, como Gloria Kisic Wagner y José Luis Bernaola Ñuflo, también enfrentan cargos, con peticiones de pena de 23 años y 11 años y 6 meses de cárcel, respectivamente.
Asimismo, el magistrado ha involucrado a varias empresas en calidad de personas jurídicas, entre ellas Westfield Capital Limited, First Capital Inversiones y Asesorías Limited, y Latin América Enterprise Fund Managener LLC. Se demanda la prohibición de realizar actividades futuras relacionadas con los delitos cometidos y, en el caso de la empresa Dorado Asset Management Company, se solicita su disolución y liquidación.
