Piura. Un millonario e ilícito negocio detrás de las compras de alimentos de Qali Warma para los estudiantes de la región, habría quedado al descubierto tras detectarse documentos falsos en la Dirección Regional de Agricultura de Piura (DRAP).
Se trata de tres certificados de productores agrarios. Estos se usaron en las licitaciones del programa de alimentación escolar Qali Warma de inicios de año. Estos documentos son claves para cumplir uno de los requisitos, que es comprarle a los pequeños productores agrarios.
El caso involucra a los proveedores Consorcio Atlanta, Consorcio Cibeles y Consorcio Milagroso San Lorenzo. Dichas compañías están encargados de abastecer a los escolares. Por este escándalo, el titular de la DRAP, Ilich Yasser López Orozco y la directora de asesoría jurídica, Dalia Campos, presentaron una denuncia penal por presunta falsificación de documentos y colusión agravada ante la Fiscalía Especializada en delitos de corrupción de funcionarios.
La historia en la DRAP
La denuncia fue presentada contra Carlos Ángel Rodríguez Villalta, exdirector de la agencia agraria Chira, adscrita a la Dirección Regional de Agricultura de Piura.
La historia comienza el 23 de abril cuando la jefa de la Unidad Territorial Piura de Qali Warma solicita con oficio a la DRAP, se compruebe la veracidad de las constancias de productor agrario Nº184-2021, Nº 179-2021 y Nº 178-2021, que habrían sido emitidas de diciembre del 2021 por la Agencia Agraria Chira, a cargo de Rodríguez.
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La DRAP (Piura) hace la consulta a este organismo desconcentrado, cuyo director, Carlos Rodríguez, con el oficio Nº 057-2022 del 04 de mayo, responde que desconocía de estos documentos.
«[…] realizada la búsqueda de los archivos del año 2021, no se han emitido las tres constancias materia de consulta en la Agencia Agraria Chira […] las constancias aludidas fueron firmadas por el ing. Gerardo Cosío García, en calidad de director encargado, quien cesó el octubre del 2017”, afirma Rodríguez Villalta en este primer informe.
Cambio de versión
A pesar de este hecho, Qali Warma Piura continúa enviando oficios pidiendo mayor información del caso. Sin embargo, la DRAP la emplaza a que actúe conforme a sus funciones tras detectarse la falsificación.
Lo sorprendente llegaría el 8 de junio, cuando citado funcionario, Carlos Rodríguez Villalta, emite el oficio Nº 084-2022. Aquí cambia totalmente de versión de su oficio de mayo. En el nuevo oficio, asegura que todo fue un error.
“[…] de la revisión efectuada a los archivos de constancia de productor año 2021, se ha determinado que por error involuntario en los tres certificados […] se ha consignado un sello postfirma que no corresponde al que utiliza la Dirección de la Agencia Agraria Chira-Sullana. Ello no invalida la emisión de dichos documentos y en consecuencia queda sin efecto el oficio Nº 057”, se lee en el documento.
Este cambio de versión generó reiterados pedidos desde la DRAP para que se les alcance los expedientes administrativos que dieron lugar a los certificados de productor agrario.
No hay expedientes
Ante la negativa del citado funcionario de dar los expedientes de origen, el titular de la DRAP autoriza a la directora de asesoría jurídica, Dalia Campos, a viajar a la agencia agraria y hacer su propia indagación in situ.
Esto ocurrió el pasado 25 de agosto. Los sorprendentes hallazgos quedaron plasmados en el informe legal Nº 199-2022.
“[…] que los certificados de pequeño agricultor han sido expedidos en el año 2021 hasta el Nº 13 […] al haber realizado la verificación correspondiente en archivadores y en los documentos digitales en la computadora de la dirección de la Agencia Agraria Chira, tampoco existen certificados expedidos a los señores Mario Alcas Alvarez, José Luis Castro Alvarez y Esteban Sullón Albines”, se lee en el informe legal de la DRAP.
Frente a estos hallazgos, el pasado 12 de setiembre, la directora de asesoría jurídica recomienda declarar la nulidad de oficio de los tres certificados aludidos para continuar con los trámites.
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En parte de la indagación también se notificó de los actuados al supuesto beneficiario de la constancia, Esteban Sullón Albines para que emita sus descargos. Mediante el expediente Nº 3057 de fecha 23 de setiembre, Sullón, responde que nunca solicitó un certificado.
“[…] el recurrente jamás ha realizado, ninguna venta, mucho menos tengo ninguna relación conforme al oficio presentado en mi contra. Y solicito que se realicen todas las diligencias conforme a ley para no ser perjudicado en esta investigación”, refiere en su escrito el agricultor.
Sello en almacén
Otro hecho que pondría en duda la versión del error material es que el sello del exdirector de la agencia agraria (que aparece en los documentos), se remitió desde el 2017 al área de abastecimiento de la DRAP.
También se pidieron informes al área de Tesorería y tampoco hubo reportes de pago por certificados de productor agrario en diciembre del año 2021 (S/35). Cabe indicar que los documentos en cuestión están fechados el 22 de diciembre del 2021.
Nulidad total en la Dirección Regional de Agricultura de Piura
Con todos estos hallazgos, el titular de la DRAP, Ilich López Orozco, suscribe el 29 de setiembre pasado, la resolución directoral Nº 296-2022, con la cual resuelve declarar la nulidad de oficio de las tres constancias en mención.
Fuentes al interior de la DRAP, dijeron a El Tiempo, que este documento ha sido materia de un recurso de reconsideración por parte de las empresas vinculadas con el escándalo. El argumento sería que sí existirían los expedientes administrativos que dieron origen a los certificados.
Esto a pesar de las indagaciones hechas en la propia oficina y los reportes de Tesorería. La fiscalía ya tiene el caso en sus manos.
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