Con una votación de 4 a 1, la Junta de Supervisores aprobó la resolución que faculta al condado a ofrecer ayuda para el pago del alquiler a los inquilinos que se han atrasado debido al impacto de las redadas. Además, la declaratoria permitirá canalizar fondos estatales y locales para financiar servicios de asistencia legal, orientación comunitaria y programas de emergencia social.
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La iniciativa fue impulsada por las supervisoras Lindsey Horvath y Janice Hahn, quienes señalaron que la ola de redadas ha generado miedo y desestabilización en las comunidades inmigrantes, afectando tanto a trabajadores como a pequeños negocios locales.
“Estas acciones federales han sembrado temor en nuestras calles, paralizado la economía de familias trabajadoras y puesto en riesgo la estabilidad de miles de hogares”, afirmó Horvath durante la sesión.
Redadas federales y miedo en las comunidades inmigrantes
Desde el verano, los operativos de detención de inmigrantes indocumentados se han intensificado en varios puntos del condado. De acuerdo con reportes locales, agentes federales han realizado arrestos en tiendas Home Depot, lavaderos de autos, paradas de autobús y zonas agrícolas.
La situación ha provocado que muchos residentes eviten salir de sus hogares, afectando la actividad económica y la asistencia a eventos públicos. Al cierre de agosto, más de 5.000 personas habían sido arrestadas en el área metropolitana de Los Ángeles como parte de esta ofensiva.
Los funcionarios locales aseguran que el miedo se ha extendido incluso entre ciudadanos estadounidenses de origen latino, algunos de los cuales también han sido detenidos por error durante las redadas.
Asistencia para inquilinos y fondos legales
Uno de los principales componentes de la declaratoria es la creación de un fondo de emergencia para asistencia de alquiler, dirigido a quienes puedan demostrar que sus ingresos se vieron afectados directamente por las redadas.
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Según informó la oficina de la supervisora Horvath, el programa de ayuda se implementará a través de un portal en línea, que estará disponible dentro de los próximos dos meses. Los solicitantes deberán presentar documentación que acredite su residencia en el condado y su situación económica.
Además, se destinarán recursos para programas de defensa legal y asesoramiento migratorio, con el objetivo de brindar orientación a las familias afectadas por detenciones o amenazas de deportación.
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