El último reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia del Banco de Crédito del Perú (BCP), ubica a Piura en el cuarto lugar a nivel nacional en el número de homicidios en 2025 con un total de 160 casos marcando una tendencia de crecimiento durante todos los años.
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De acuerdo al sistema de registro de defunciones del Ministerio de Salud (Minsa), para el 2024 se registraron 116 homicidios, mientras que el 2023, el registro era de solo 52.
Según el mismo observatorio, la región ocupa el tercer lugar del país en la cifra de denuncias de extorsiones en el período enero-agosto con 2 048, solo por debajo de Lima y La Libertad (3 089) y Lima metropolitana (7 863).
Para el economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), Germán Vega, estos índices de violencia tiene un doble impacto tanto en las familias de menores recursos como en los decisores de inversiones.
“La violencia y la criminalidad generan efectos que trascienden las cifras y se traducen en costos concretos para los hogares. Inciden en la vida cotidiana al restringir la movilidad, alterar rutinas laborales y educativas, y elevar gastos asociados a seguridad y transporte. Además, consolidan un entorno de incertidumbre que afecta decisiones clave como invertir, emprender o buscar empleo. enfatizó Germán Vega, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).
Agrega que estos impactos tienden a concentrarse con mayor intensidad en los hogares más vulnerables, que cuentan con menor capacidad para absorber estos costos.
Provincias
En el desagregado de la cifra de homicidios del 2025, la provincia de Piura registró 84 casos. Dentro de esta, los distritos con mayor número de casos fueron Castilla (26), Veintiséis de Octubre (24) y el distrito de Piura (10). Asimismo, el reporte indica que la provincia de Sullana registró 52 homicidios, mientras que Talara reportó 10 casos.
“Contar con información desagregada a nivel provincial y distrital permite identificar con mayor precisión la concentración territorial de la violencia y priorizar intervenciones focalizadas. Esto facilita evaluar y anticipar sus efectos diferenciados sobre la actividad económica local, optimizando la asignación de recursos y el diseño de políticas públicas más eficientes”, señaló Vega.
Propuestas
Ante este contexto, agrega, es necesario fortalecer la presencia policial como parte de una estrategia integral de seguridad que eleve la capacidad de respuesta del sistema de justicia y reduzca la probabilidad de impunidad. Desde una perspectiva económica, una mayor eficacia en la persecución del delito contribuye a disminuir los costos asociados a la violencia –como la menor inversión, la pérdida de productividad y el deterioro del capital humano.
Otro aspecto relevante es la necesidad de impulsar estrategias preventivas desde el ámbito social y comunitario, orientadas a fortalecer entornos más seguros. En esa línea, acciones como el mantenimiento de vías, la operatividad de cámaras de vigilancia, una adecuada planificación urbana, la iluminación de espacios públicos y la participación activa de la comunidad contribuyen a mejorar las condiciones de seguridad y la percepción de tranquilidad de la ciudadanía.
“La seguridad ciudadana debe asumirse como una prioridad que trascienda gestiones y articule a todos los niveles de gobierno. En una región como la nuestra, donde el comercio, el transporte y el turismo forman parte del día a día, la inseguridad afecta la tranquilidad, y también la actividad económica y las oportunidades”, aseveró Vega.
¿Con cuántos homicidios cerrará el 2026?
La población se siente insegura porque la policía no puede revertir la situación de inseguridad. A diario suceden hechos de sangre y de violencia que impactan y aumentan la percepción de inseguridad porque se ve que no hay quien frene esto. El nuevo comando de la Región Policial ya cuenta con el diagnóstico del 2023, 2024 y 2025 en los cuales se observa cómo las acciones violentas y de sangre van creciendo año tras año.
En el caso de los homicidios, en el 2024 se registraron 116 y en el 2025 fueron más de 156. La pregunta es ¿con cuántos homicidios terminará este año? Como van las cosas los índices de la criminalidad en el sicariato y la extorsión irán en aumento y superarán los índices del año pasado. Aquí el nuevo jefe policial tiene un desafío tremendo.
Sin embargo, esto no solo le compete a la Policía que puede tener toda una estrategia, replanteo de planes de operación y trabajos de inteligencia e investigación criminal, ya que eso tiene que estar acompañado de un trabajo articulado con los operadores de justicia. En eso parece que no hay un cambio y se prefiere el statu quo. Tampoco hay un cambio en la voluntad política del gobierno central y parece que estamos en una indiferencia total en temas de seguridad ciudadana, lo cual se tendrá que soportar hasta el 28 de julio con el ingreso de las nuevas autoridades.
En las regiones lo que se necesita es de una mano dura y voluntad política para luchar contra el crimen organizado. Hasta el momento lo que tenemos son muestras, gestos, discursos políticos de parte de las autoridades de turno, pero sin una acción decidida. Es urgente una reforma estructural en la Policía, Ministerio Público y Poder Judicial, sin eso vamos a estar en lo mismo.
Es necesario un marco legal que fortalezca el accionar de la policía y de los operadores de justicia; ya que sin ello, cada uno va a actuar por su lado en una disputa y conflicto lo cual no ayuda en la guerra contra la delincuencia organizada. Será importante que el nuevo gobierno asigne los recursos para estas instituciones que viven en crisis económica y recursos logísticos.
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