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“Con la interdicción, podrán entrar a los lugares donde hay minería ilegal, destruir todos los instrumentos que emplean en eso, e intervenir a las personas involucradas para procesarlas por este delito”, explicó Fiestas.Estimó que en la región operan unos 10 mil mineros ilegales -es decir, que no han declarado su voluntad de formalizarse-, principalmente en Suyo, Las Lomas y Tambogrande. Por otro lado, expresó su preocupación por los 1.375 mineros que aún no culminan su proceso de formalización, pues el plazo para concretar el procedimiento vence en 2020: “Si no logran formalizarse para 2020, se convertirán en ilegales y tendremos que cesar sus actividades”.