Con su reciente fallo en el que hace una interpretación a todas luces perjudicial para el país respecto a la prohibición del Congreso para generar gasto público, el Tribunal Constitucional acaba de abrir la puerta para que algunos parlamentarios populistas sí puedan hacerlo.
Con esto generan a la caja fiscal -en opinión del ministro de Economía-, el riesgo de una pérdida de entre S/81 mil 314 y S/95 mil 146 millones; 8,56% y 10,02%, respectivamente, del PBI previsto en 2022.
No es la primera vez que los actuales congresistas le causan daño al país.
Tanto en los años de crisis política iniciada desde que la lideresa de Fuerza Popular perdió las elecciones y agudizada hasta llegar a niveles sin precedentes en la era Castillo, los peruanos hemos visto cómo los políticos toman decisiones basadas no en el bien de la nación ni en lo que la población necesita, sino buscando más la popularidad de los inquilinos de Palacio y del Congreso, aún sabiendo que aquellas decisiones pueden ser perjudiciales para el país.
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La llamada ley de contrarreforma universitaria, por ejemplo, aprobada por insistencia en julio de este año busca sin lugar a dudas proteger los intereses de los dueños de universidades no licenciadas.
Al confabularse para sacar adelante la nefasta ley, algunos grupos políticos sin escrúpulos no solo pretenden quitarle funciones a la Sunedu, sino cambiar su composición, eliminando el sistema meritocrático que tenía hasta ahora.
El Congreso parece haberse acostumbrado a hacer siempre lo prohibido aunque sea perjudicial para el país.
La Constitución ordena con claridad mediante el artículo 79 que el Congreso no tiene capacidad de gasto justamente para preservar nuestra estabilidad macroeconómica, y a así viene ocurriendo por décadas.
En el sistema peruano, el Ejecutivo es el que determina cómo y qué políticas se implementan para hacer efectivas las leyes y la Constitución.
Precisamente basado en esta norma, en el año 2020 el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional la ley que aprobó ascensos automáticos en el personal del sector Salud, o la otra del mismo año que intentó autorizar el retiro de fondos (inexistentes) de la ONP.
Los expertos advierten que si el polémico fallo no se corrige, las calificadoras de riesgo bien podrían bajarle al Perú su calficación.
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