Manuel Antonio Rosas Córdova, abogado
Después de haber pasado por una muy cuestionada primera vuelta electoral, el domingo 12 de abril, los peruanos debemos cumplir con nuestro deber cívico de acudir a una segunda vuelta definitiva en la que se escogerá quien será el Presidente de la República que gobernará el Perú, a partir del 28 de Julio, por los próximos cinco años. Una contienda entre Keiko Fujimori de “Fuerza Popular” y Roberto Sánchez Palomino de “Juntos Por el Perú” que resultaron los vencedores ocupando el primer y segundo lugar respectivamente. La suerte está echada: ambos contendores, sin embargo, tienen puesta una mochila pesada sobre sus hombros.
Nuestro país ha visto, con estupor, cómo se ha desarrollado esta consulta popular jamás vista, con tantas irregularidades, en la agitada historia de los procesos electorales. Es cierto que desde los albores de nuestra vida republicana muchos de ellos estuvieron saturados de violencia y de perversos intereses económicos. La alternativa para esta última jornada es la de colocar al votante entre lo que se ha dado en denominar “la derecha” y “la izquierda” persistiendo en un maniqueísmo político que es de viejo cuño.
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ofrece hoy a los electores una gestión de gobierno totalmente diferente a la de su padre, el ex presidente Alberto Fujimori, la cual –si bien controló la inflación galopante, combatió con energía al terrorismo y concertó la paz con el Ecuador, entre otros logros– quedó manchada para la historia con graves delitos de corrupción que involucraron a altos funcionarios del Estado y hasta familiares cercanos del propio mandatario.
De otro lado, Roberto Sánchez Palomino, que ha tenido un gran éxito con su campaña altoandina hasta acumular los votos necesarios para llegar a la segunda vuelta, se presenta como una especie de continuador de la gestión del vacado presidente Pedro Castillo Terrones. El gobernante al que una buena parte de la población no le pasa por alto sus arrestos golpistas y su evidente cercanía con reconocidos grupos violentistas. Además, también es innegable su cercanía física y partidaria con Antauro Humala que ha salido al escenario con una prédica de odios y de extremismos que no cabe en una nación ya bastante maltratada y dividida.
Por su lado, el inopinado ex alcalde de Lima y líder de Renovación Popular, Rafaél López Aliaga tras haber ocupado las primeras planas de los medios de comunicación cuestionando los resultados de la ONPE añade, a este convulsionado panorama que tenemos delante, un ingrediente de discordia más al sostener que no apoyará a la derecha agrupada en torno de la candidatura de Keiko Fujimori admitiendo que puede llegar a un entendimiento con su otrora oponente político Roberto Sánchez. Una afirmación que ha sorprendido a mucha gente que entiende que el iracundo Porky, por su formación ideológica y su extracción económica, se mantendría siempre distante de las cofradías marxistas. No parece ser así. Felizmente en el Perú no existe el endoso ni hay voto cautivo.
El proceso electoral ya está viciado de falta de legitimidad por todos los graves problemas que han ocurrido en la contienda del 12 de abril. Se diga lo que se diga es imposible dejar de reconocer los atropellos cometidos por la ONPE que van: desde las irregularidades perpetradas con contratos de transporte del material para la votación hasta la evidente manipulación de los resultados en las actas para favorecer a determinados candidatos.
Los peruanos, en estas precarias condiciones, volveremos a ir a las urnas para apoyar a una de las dos figuras finalistas que aspiran gobernar, desde la Casa de Pizarro, a millones de seres humanos que, abrumados por graves carencias de todo tipo, conservan todavía la esperanza de un cambio de estructuras, con paz y legalidad, para acabar con las dolorosas calamidades que nos amenazan en la vida diaria.
Los pocos días que faltan para llegar a la segunda consulta constituyen un tiempo de reflexión para pensar en nuestra patria que está concluyendo una jornada de cinco años que fue una muy dura prueba para todos. Las estructuras sociales remecidas por una descomunal ola de violencia mercenaria ya no resisten más porque están siendo amenazadas desde adentro por los mismos peligros que no tocan fondo y que generalmente muchos de ellos son el resultado de esas malas gestiones de quienes han tenido la responsabilidad legal de proteger la vida, la seguridad y las fuentes de trabajo de los hombres y mujeres que forman parte de la población. Gobernantes y funcionarios públicos que no hicieron nada importante y definitivo para resolver esta caótica situación en la que estamos viviendo. Hay que velar ahora para que el nuevo gobierno se haga responsable de la situación y aplique mano dura sobre los violadores de la ley. n
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