Incapacidad y corrupción de funcionarios es la fórmula de la ruina para una región. Eso lo ha comprobado, una vez más, la Contraloría.
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Solo el año pasado la región perdió S/25 millones, pero debe haber más dinero que hasta ahora el ente de control no detecta por la “habilidad” de funcionarios facinerosos, hábiles en desviar y apropiarse de recursos, pero torpes e ineptos en construir e invertir el presupuesto de los piuranos.
Servir indica que más del 87% de funcionarios no tienen capacidad para administrar los recursos públicos. Si a esto añadimos que el 60% de esos funcionarios carecen de ética y moral, son codiciosos y ambiciosos, el resultado es la canibalización de los recursos públicos y por consiguiente el castigo a la población que esperan proyectos para mejorar su condición de vida.
Y es esa incapacidad y corrupción lo que al final perjudica el funcionamiento de las instituciones; afecta la eficacia y eficiencia en el gasto de recursos (por eso se devuelve el dinero al MEF); además de perpetuar la pobreza y, de paso, contribuyen a que las instituciones públicas pierdan credibilidad. La corrupción es un cáncer para el progreso de los pueblos.
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