La Comisión de Defensa Nacional del Congreso aprobó el dictamen del proyecto de ley PL 13477/2025-CR, que establece el uso obligatorio e inmediato de cámaras corporales en la Policía Nacional del Perú (PNP), como una medida orientada a combatir la corrupción y el abuso de autoridad.
La iniciativa, impulsada por el congresista Javier Rommel Padilla Romero, propone modificar el Decreto Legislativo 1267, incorporando el artículo 43-A para regular el uso de estos dispositivos en las intervenciones policiales.
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Implementación obligatoria en 30 días
El dictamen dispone que la PNP deberá implementar las cámaras corporales ya adquiridas en un plazo máximo de 30 días calendario, priorizando las unidades con mayor número de denuncias por corrupción o abuso de autoridad.
Asimismo, establece que las cámaras deberán ser activadas de forma obligatoria desde el inicio de cada intervención y permanecer encendidas hasta su finalización, garantizando el registro completo de los procedimientos.
Registro, almacenamiento y uso de evidencia
El proyecto contempla un almacenamiento seguro e inmutable de las grabaciones por un periodo mínimo de un año, con acceso restringido únicamente a autoridades competentes como el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Inspectoría de la PNP.
El material audiovisual podrá ser utilizado como prueba en procesos administrativos, disciplinarios y judiciales, tanto para investigar posibles irregularidades como para respaldar la actuación del personal policial.
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Prohibiciones y sanciones
La propuesta establece la prohibición absoluta de manipular, alterar o eliminar las grabaciones, bajo sanciones graves que incluyen responsabilidad penal y disciplinaria.
Asimismo, se restringe el uso de cámaras en espacios privados como viviendas, vestuarios o centros de salud, salvo que exista una orden judicial expresa. Las grabaciones obtenidas sin autorización en estos espacios no tendrán validez legal.
Acceso a las grabaciones y control ciudadano
El dictamen también garantiza que tanto los efectivos policiales como los ciudadanos involucrados puedan acceder a las grabaciones en el marco de investigaciones, fortaleciendo el derecho a la defensa y los mecanismos de rendición de cuentas.
Reglamentación y capacitación
De aprobarse la ley, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, deberá emitir el reglamento en un plazo máximo de 60 días, estableciendo los protocolos de uso, almacenamiento y acceso a las grabaciones.
Además, se dispone la capacitación obligatoria y permanente del personal policial en el uso adecuado de las cámaras corporales y en el cumplimiento de las normas establecidas.
La implementación se realizará con recursos existentes, sin generar gastos adicionales al Estado, priorizando el uso de equipos ya disponibles en la institución.
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