El reciente anuncio de que la presidenta Dina Boluarte percibirá un salario superior a los 35 mil soles mensuales ha desatado una fuerte ola de indignación en diversos sectores de la población, especialmente entre los adultos mayores y jubilados del Perú, quienes denuncian el abandono del Estado y la precariedad de sus pensiones.

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Ciudadanos entrevistados por medios nacionales expresaron su malestar ante lo que consideran una medida insensible y desproporcionada. “¿Qué hacemos con 480 soles? A mi esposo, que es jubilado, no le aumentan nada desde hace años. Y mi Fonavi, ¿cuándo lo devuelven?”, manifestó una ciudadana visiblemente afectada. Otro testimonio señaló: “Ganamos una miseria, mientras ella se sube el sueldo. Es indignante”.

Funcionaria mejor remunerada del país

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó el pasado 2 de julio que Boluarte se convertirá en la funcionaria pública mejor remunerada del país, una noticia que causó aún más rechazo al considerar que es una de las mandatarias con mayor impopularidad en el mundo, según encuestas recientes.

En las calles, las críticas fueron contundentes. “Debe tener moral. Nosotros, los pensionistas del decreto ley 19990, cobramos una miseria. ¿Cuántos años hemos aportado al Fonavi y seguimos esperando?”, reclamó una adulta mayor. Incluso, algunas personas calificaron el aumento como un acto de “sinvergüencería” y exigieron justicia social: “Con 10 soles que coma ella, porque nosotros ya no podemos más. Estamos enfermos y olvidados”, sentenció una transeúnte con visible frustración.

Asimismo, madres de familia trabajadoras también se sumaron al descontento, señalando que sus ingresos no cubren las necesidades básicas. “Trabajo todo el día y no me alcanza para mantener a mis hijos. Y ellos ganando miles como si nada”, relató una mujer que aseguró sentirse desamparada.

El aumento de sueldo de la presidenta se produce en un contexto de crisis económica, pensiones congeladas y falta de devolución del Fonavi, lo que ha encendido aún más el debate público sobre la equidad en la asignación de recursos estatales y el trato a las poblaciones más vulnerables del país.