La campaña de los candidatos de Fuerza Regional a las elecciones de octubre se financiaría con el pago de cupos de los trabajadores contratados de la Dirección de Salud (Diresa).
Los trabajadores no solo estarían obligados al pago, sino también a sumarse de forma activa a la campaña y seguir dando más dinero para garantizar el puesto.
Esto se revelaría con la difusión de unos audios que grabó un exchofer luego de su salida de la entidad.
De acuerdo a los mismos, el pago era entre S/150 y S/250 al mes mediante tres modos: transferencia a una cuenta bancaria, depósito en el local del partido y a través del Yape.
Estas eran las opciones que tendrían los médicos, trabajadores administrativos, técnicas en enfermería y choferes de la modalidad CAS, para cumplir con la cuota y seguir laborando.
Vigilia Ciudadana hizo público los audios y también las capturas de conversaciones de Whatsapp del presunto encargado de recaudar el dinero.
Se trataría del médico Jimmy Chinguel, quien trabajó en el área de personal del SAMU (Sistema de Atención Móvil de Urgencia).
En las conversaciones, el implicado haría recordar a los médicos CAS el pago de la cuota del mes y refiere que se debe depositar a nombre de Edid Chumacero Holguín.
Este nombre también se escucha en los audios que grabó el trabajador despedido de la Diresa.
La enfermera Edid Chumacero se hizo conocida en febrero del 2019 por cruzar un río en Morropón para atender a un recién nacido.
Carta notarial
Otro de los funcionarios que se menciona en los audios como una persona que sabría del cobro, es el actual director adjunto de la Diresa, José Chinchayán Varas, quien también es precandidato a primer regidor en la lista de Segundo Valdiviezo a la alcaldía de Piura.
El funcionario dijo a El Tiempo que el 8 de abril envió una carta notarial al ciudadano que difundió por redes sociales los audios.
En la carta le pide que se rectifique de las versiones vertidas contra su persona y cese en su difusión.
“[…] En todo momento su persona trata de inducir al interlocutor y de mancillar mi honor, al pretender hacer ver que mi persona conoce y estaría relacionada con las presuntas aportaciones que manifiesta se brindarían al partido”, refiere en su carta notarial dirigida al ciudadano Denys Ramírez Aquino.
En el documento agrega que la condición de CAS transitorio tiene un plazo de vigencia, y por ello el cese no se relaciona con alguna decisión suya.
Sí habría delito
Para el abogado penalista Percy Ipanaqué, los audios y WhatsApp revelarían un presunto delito de concusión que debe ser investigado por la fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios.
“La concusión es cuando el funcionario o servidor público, valiéndose de sus atribuciones como tal, por medio de la coacción, obliga a una persona para favorecerlo en determinado acto […] Podemos ver que estos funcionarios solicitaban dinero a los trabajadores para seguirles manteniendo su contrato”, sostuvo.
Refiere que en este hecho habría un sometimiento del agraviado para que favorezca determinados fines políticos en la entidad.
“Esto tiene que ser investigado por la fiscalía de corrupción de funcionarios. La pena mínima es de seis y la máxima de 14 años de prisión. Si fuera un aporte voluntario, no habría problema, pero acá habría de por medio un contrato laboral”, aseveró.
Datos
- El cobro de cupos a los trabajadores contratados del GORE para financiar campañas también habría sucedido en la elección del congresista Manuel García Correa (APP).
- Según la declaración ante la fiscalía del exfuncionario Juan Carlos Távara Elías, se debía hacer una bolsa entre los funcionarios para financiar el pago de personeros en las mesas de sufragio.
- La fiscalía anticorrupción podría intervenir de oficio ante la denuncia pública.
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