La minería informal en el país, y aquí también en Piura, se está repartiendo el territorio a punta de bala, extorsión y amenazas provenientes de bandas criminales, pero también a través del sendero legal; infiltrando y haciendo lobby en el Congreso de la República, contando para ello con cómplices y “socios” que le permita seguir operando ilegalmente, aunque el costo al medio ambiente sea invaluable.
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La masacre en la minera La Poderosa, hace algunos días, fue el detonante para conocer que hoy en el Congreso existen tres proyectos en curso intentando ampliar los plazos del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), lo cual permitirá a los informales seguir operando sin regulación del Estado y al margen de la ley. Lo cuestionable es que, a pesar del grave daño que esta actividad origina en las zonas de extracción, existen congresistas cómplices, como Guido Bellido y Jorge Flores Ancachi, que avalan y otorgan derechos a los ilegales.
El costo de este manoseo político o de interés particular es que estos tres proyectos apuntan a mantener intocable a la minería informal por un largo tiempo, avalando la impunidad de esta actividad cuyos pasivos, además del daño irreparable al medio ambiente, pervierten el ambiente social de las zonas donde opera, alentando la trata de personas para explotación laboral y sexual, el contrabando, la aparición de bandas organizadas y vendettas, así como la protección al narcotráfico, un aliado más en este tipo de actividades.
En medio de este clima de zozobra e inseguridad que genera la minería informal, ¿con qué cara el Gobierno de Dina Boluarte pedirá a los empresarios que inviertan en la exploración y explotación minera, si la informalidad aquí reina? Solo en este año 2023, la inversión minera cayó en 19 %, según el Minem; es más, esta actividad cerrará el año en rojo, a diferencia de la minería informal que tendrá pingües ganancias porque no paga impuestos y la mano de obra es barata.
El problema se agrava porque ahora no solo hay competencia desleal, sino que esta ataca a la minería formal, como ha ocurrido en Pataz, intentando con ello arrebatarles, por la ley de la selva, territorio de explotación. En conclusión, no hay el mínimo respeto a la seguridad en las operaciones mineras formales.