El Gobierno oficializó la designación de Raúl Timoteo Inga Garay como nuevo presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), mediante la Resolución Suprema N.º 099-2026-JUS, publicada este viernes en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.
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La resolución lleva las firmas del presidente de la República, José María Balcázar, y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Enrique Jiménez Borra.
Según el documento oficial, el nombramiento tiene como objetivo garantizar la continuidad administrativa y operativa en la gestión de la institución penitenciaria mientras avanza el proceso de reorganización del sistema.
Ejecutivo aceptó renuncia del anterior titular
De manera paralela, el Gobierno emitió la Resolución Suprema N.º 098-2026-JUS, mediante la cual aceptó la renuncia de Jorge Henry Cotos Ochoa, quien se desempeñaba como presidente del Consejo Nacional Penitenciario.
La salida del exfuncionario y el nuevo nombramiento se producen en un escenario de cambios estructurales dentro del sistema penitenciario nacional.
Designación ocurre en medio de una reforma institucional
La incorporación de Raúl Inga Garay se produce en un contexto de transformación impulsado por el Decreto Legislativo N.º 1710, norma que estableció la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir).
Esta nueva entidad asumirá progresivamente el rol de organismo rector del Sistema Nacional Especializado de Internamiento y Reinserción Social.
Como parte de este proceso, la Sunir absorberá gradualmente funciones y competencias actualmente ejercidas por el INPE, el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) y el Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (Pronapres).
INPE continuará operando durante la transición
La normativa transitoria establece que, mientras no concluya el proceso de implementación y transferencia de funciones, el INPE continuará ejerciendo sus atribuciones institucionales.
De esta manera, las autoridades penitenciarias mantendrán sus responsabilidades y competencias legales hasta que culmine la reorganización del sistema y se concrete plenamente el funcionamiento de la Sunir.
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