La polémica que dominó el debate el último fin de semana, y que el Gobierno todavía arrastra como un ancla moral, es la necesidad de reconciliar las leyes generales, la Constitución y los códigos que rigen a todos los ciudadanos, y aquellos derechos que emergen de las costumbres y que son respetados para casos específicos en favor de algunas comunidades rurales.

¿Pueden los ronderos, en virtud de las atribuciones que la ley les otorga, cerrar los pasos a los pueblos y dificultar el trabajo de la prensa? ¿Pueden ser utilizada la institución ronderil como una milicia política, como parece haber sucedido en Cajamarca en agravio de un equipo periodístico de “Cuarto Poder”?

Es evidente que un país alcanza su cohesión cuando las instituciones y las leyes están presentes en todos los ámbitos y rincones de la patria. El provincianismo legal, esa especie mal lograda de federalismo jurídico, no solo debilita al Estado, sino que desarma los pocos elementos de identidad común que hacen viable al país.

En una realidad multicultural debemos afianzar aquellos aspectos que nos hermanan: la ley debe ser omnipresente en todo el territorio nacional y de igual obligatoriedad para cualquier ciudadano. Las particularidades, se entiende, debe estar supeditadas a la generalidad jurídica.

Lastimosamente, desde hace décadas, prácticamente desde los albores de la República, el divisionismo y el parroquialismo han sido armas políticas para generar excepciones con el único propósito de abonar el terreno de la marginalidad política y la violencia militante.

Está claro que, sin tocar el prestigio y la historia de las rondas campesinas, existen autoridades en todos los niveles de gobierno que usan estos cuerpos para proteger intereses bastante particulares y mezquinos. Que un alcalde vinculado a lo más podrido de la esfera política actual azuce a los ronderos para interrumpir el trabajo de unos periodistas es prueba clara de lo dicho.

¿Cuál es la solución? Ampliar la cobertura estatal, garantizar el acceso a la justicia de todos los ciudadanos y, sobre todo, crear una consciencia de pertenencia por igual al territorio, destino y objetivo nacionales. Es preciso que, desde lo político, se extinga la necesidad de una justicia paralela que, desde el pretexto del canon cultural alternativo, solo sirva a los feudales modernos.

Síguenos en nuestras redes sociales:

• Facebook: Diario El Tiempo
• Twitter: @eltiempopiura
• Instagram: @eltiempopiura
• YouTube: Diario El Tiempo
• TikTok: @eltiempopiura