Editorial: Gobierno, un riesgo para la minería y el PBI

Editorial: Gobierno, un riesgo para la minería y el PBI

Mientras el Gobierno sigue pregonando, con discursos sin argumentos ni sustento técnico, que “apoya” a la minería, el INEI lo desmiente al señalar que la actividad (minería metálica) se contrajo 4.73% en abril, respecto al mismo mes del 2021.

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, ha sido categórico al señalar que si no fueran por las “interrupciones” al sector minero, la economía podría seguir creciendo más. No es así y en los primeros tres meses del año la producción minera ha caído entre 2,08% y 3,21% ante los recientes conflictos sociales, impactando negativamente en el crecimiento económico.

Las “interrupciones” no son otra cosa que el caos que el Gobierno permite, aunque luego, ante cámaras, el premier Aníbal Torres o el presidente Pedro Castillo dicen estar a favor de la actividad minera. En los hechos, sin embargo, el Gobierno no solo permite bloqueos de carreteras e incluso claudica a su deber de aplicar la ley allí donde hay vandalismos y destrucción. La mayoría de peruanos, preocupados por asegurarse el sustento, se están acostumbrando al caos y la destrucción, a que se apedreen los patrulleros, se incendien ambulancias o se destruyan instalaciones empresariales.

¿Será, como sospechan algunos empresarios, que el narcotráfico y los remanentes terroristas -y hasta el propio Gobierno- están empeñados en desprestigiar a las empresas que generan empleo, acusándolas de explotadoras y evasoras, con tal de beneficiarse con el incremento de la pobreza? ¿Será cierto que el propio Gobierno ordena a la Policía no hacer nada, exponiéndola a los más viles y humillantes ataques con piedras, palos, bombardas, pintura?

De ser verdad, toca a los ciudadanos y a las instituciones competentes ejercer control sobre el Estado, cerrar filas en defensa del bien común en los próximos días en que a los conflictos mineros se sumarán los anunciados paros de transportistas y agricultores.

En este reto crucial de defender al país frente a fuertes indicios de desgobierno y corrupción, quien tiene las principales herramientas para hacer respetar el principio de autoridad es la nueva fiscal de la Nación. De ella y su equipo de fiscales, así como del PJ, depende ciertamente y cada vez con más urgencia, la estabilidad del país.

 


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