Concurso público y estabilidad laboral

Concurso público y estabilidad laboral

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Jorge Luis Acevedo Mercado
Colaborador

Precedente Huatuco. Así será citada la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que impide la reposición de los trabajadores públicos sujetos al régimen privado que no ingresaron por concurso público.

En síntesis el Precedente: (i) aplica únicamente a los trabajadores estatales con régimen laboral del sector privado que no ingresaron por concurso público reconociéndoseles sólo una indemnización en caso de despido, (ii) establece que quienes sí ingresaron al Estado mediante concurso público conservan su derecho a solicitar reposición o indemnización ante un despido, (iii) no aplica a los trabajadores que prestan servicios para empleadores privados y (iv) no debería extenderse al sector privado.

Como se sabe, desde 1990 tenemos una dispersión de regímenes de contratación de personal del Estado habiéndose extendido la aplicación del régimen laboral privado a un gran número de entidades estatales, soslayándose principios y derechos que aplican a todos los trabajadores estatales   sin distinción del régimen laboral.

Aunado a ello las entidades públicas con régimen laboral privado contrataron locadores o por contratos a plazo fijo sin realizar concursos públicos, personal que una vez vencido su contrato solicitaba al TC el reconocimiento de vínculo laboral a plazo indefinido -por desnaturalización-  y su reposición en un puesto permanente, logrando estabilidad absoluta.

Esta situación debería finalizar con el Precedente Huatuco. El TC ha reafirmado que toda incorporación a un cargo público permanente debe hacerse pro concurso público privilegiando el interés general del Estado y buscando armonizar dicha regla con el interés particular, pues permite proteger a los trabajadores que no ingresaron por concurso con una indemnización.

Para el TC el concurso público es un requisito esencial para la incorporación de personal al Estado porque materializa:  (i) el derecho al acceso a la función pública en condiciones de igualdad,  derecho fundamental reconocido en instrumentos internacionales (Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros)  y (ii) el principio de eficacia del Estado, y de mérito y capacidad en el acceso a los cargos públicos. 

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