Este lunes, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se enfrenta a la tarea de determinar el destino carcelario de Alejandro Sánchez Sánchez, propietario de la casa ubicada en el pasaje Sarratea de Breña, quien fue deportado desde Estados Unidos hacia Perú para cumplir con una orden de prisión preventiva de 30 meses.
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Sánchez fue repatriado el jueves 20 de junio en un vuelo chárter junto a otros 150 deportados, siendo recibido por autoridades del Ministerio Público y la policía. Tras su llegada, el sábado 22, fue puesto bajo custodia del INPE, que ahora debe clasificarlo y trasladarlo al establecimiento penitenciario correspondiente.
El empresario está bajo investigación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) por su presunta participación en delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión, en perjuicio del Estado y la sociedad peruana. La investigación señala a Sánchez como presunto financista y coordinador dentro de la organización criminal, facilitando reuniones extraoficiales en su domicilio de Sarratea, donde se encontraban altos funcionarios del gobierno y allegados al expresidente Pedro Castillo.
El contexto legal de Alejandro Sánchez
El Poder Judicial dictó la orden de prisión preventiva en noviembre de 2022, estableciendo que esta medida se mantendrá vigente hasta el 19 de diciembre de 2026. Esta decisión se enmarca en el caso conocido como ‘Asesores en la sombra’, donde se investiga una red de influencias y corrupción que habría operado durante la gestión del expresidente Castillo.
El abogado de Sánchez, Tomás Gálvez, ha negado rotundamente la culpabilidad de su cliente, afirmando que este no será un colaborador eficaz debido a su total inocencia. Gálvez ha declarado ante los medios que su defendido sostiene su inocencia frente a los cargos imputados y que buscará modificar la medida de detención preliminar de 30 meses, argumentando la falta de pruebas contundentes que incriminen a Sánchez en los delitos investigados.
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La respuesta del gobierno peruano
El caso de Alejandro Sánchez ha generado un considerable interés público y político en Perú, destacando por su conexión con figuras de alto perfil dentro del gobierno anterior y las implicaciones de corrupción que rodean al entorno presidencial. La decisión del INPE respecto al lugar de reclusión de Sánchez será crucial en el contexto de la administración de justicia y la percepción sobre la lucha anticorrupción en el país.
En resumen, mientras el INPE se prepara para tomar una decisión sobre la prisión de Alejandro Sánchez, el caso sigue siendo objeto de atención tanto en los medios como en los círculos políticos de Perú. La determinación de su lugar de reclusión marcará un paso significativo en el proceso judicial en curso y en la búsqueda de justicia en los casos de corrupción que continúan resonando en la esfera pública peruana.
