Alejandro Sánchez Sánchez, conocido por ser el propietario de la casa ubicada en el pasaje Sarratea, que fungió como despacho clandestino del exmandatario Pedro Castillo, ha decidido no acogerse a la colaboración eficaz en medio de las investigaciones del caso «Asesores en la Sombra».

Su abogado, Tomás Gálvez, ha declarado que Sánchez se considera “absolutamente inocente” y que fue detenido de manera arbitraria.

Extradición y declaración de inocencia

El pasado jueves, Sánchez fue extraditado desde Estados Unidos a Perú después de haber huido tras la emisión de una orden de detención por parte de las autoridades peruanas. Este hecho se produce en el marco de las investigaciones relacionadas con el caso “Asesores en la Sombra”, donde se le vincula con actividades delictivas y corrupción durante el mandato de Pedro Castillo.

Gálvez, su defensor legal, afirmó que su cliente no tiene intención de acogerse a la colaboración eficaz, figura legal que permite reducir penas a cambio de información valiosa sobre actividades delictivas.

En una breve reunión con Sánchez, Gálvez expresó a la prensa que un colaborador eficaz es alguien que ha participado en los hechos delictivos, lo cual no es el caso de su defendido.

Además, indicó que revisarán todas las pruebas nuevas y solicitarán una revisión de la medida preliminar de detención, que actualmente es de 30 meses, impuesta por el Poder Judicial.

Detención y situación actual

Sánchez llegó a Perú en un vuelo chárter junto a otros 149 deportados, aterrizando en el Grupo Aéreo N.º 8 a las 14:10 horas. La fiscal Naomi Bustillos, del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), estuvo presente para garantizar que se cumplieran todos los protocolos legales.

A su llegada, Sánchez fue sometido a un control de identidad en el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de turno y luego trasladado al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para ser ingresado a un centro penitenciario, donde enfrenta la orden de prisión preventiva.

Antes de su deportación, Sánchez estaba recluido en el Centro de Procesamiento del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Pine Prairie, en Luisiana.

En su defensa, solicitó asilo político en Estados Unidos, petición que fue denegada. El empresario fue detenido el 8 de septiembre en Texas, acusado de haber ingresado irregularmente a Estados Unidos y bajo sospecha de ser parte de una organización criminal liderada por Castillo, dedicada a la colocación de personas afines en posiciones clave del gobierno.

Durante su fuga de Perú en octubre de 2022, las autoridades ofrecieron una recompensa de S/ 30 mil por información que condujera a su captura. La casa de Sarratea, situada en el distrito de Breña, ganó notoriedad después de la victoria electoral de Castillo en 2021, sirviendo como un supuesto centro de reuniones irregulares.

Defensa de Sánchez

Tomás Gálvez, abogado de Sánchez, argumenta que su cliente tenía intenciones de entregarse a las autoridades, pero no lo hizo debido a la percepción de falta de imparcialidad en el proceso judicial. Gálvez mencionó que su cliente se escondió por temor a no recibir un juicio justo.

Además, explicó que cuando se incautaron los bienes de Sánchez, incluida la casa de Sarratea, y se confirmó esta medida en la apelación, Sánchez decidió que no había garantías suficientes para presentarse y optó por salir del país.

El abogado también señaló que no se ha encontrado ninguna prueba contundente en el expediente que vincule a Sánchez con actividades delictivas. «Él estaba por presentarse porque consideró que la marea mediática había disminuido. Pero cuando confirmaron la incautación, él pensó que no había ninguna garantía para presentarse y, seguramente, ahí tomó la decisión de salir al extranjero», declaró Gálvez en septiembre de 2023.

Continuación del proceso judicial

La defensa de Sánchez buscará que se le permita llevar su proceso en libertad.

«Vamos a realizar la defensa y esperar que la Fiscalía y el Poder Judicial sean razonables y le den la libertad para que pueda defenderse«, afirmó Gálvez.

La comunidad legal y los medios de comunicación en Perú seguirán de cerca este caso, que ha captado la atención pública debido a sus implicaciones políticas y legales.