Son muchas las denuncias que el paso del tiempo ha cubierto con una gruesa capa de herrumbre, ocultando graves irregularidades y actos de corrupción cometidos en lo que va de la actual gestión regional.

Sin que la fiscalía anticorrupción o el Consejo Regional llamado a fiscalizar, hayan movido un pliego de lija para evitar que sigan siendo cubiertas con el óxido de la impunidad, por lo que en reciente audiencia pública “La Contraloría Te Escucha”, la Asociación Civil “Vigilia Ciudadana” nuevamente denunció y puso en manos de este organismo, el sustento probatorio de la ilegal e irregular cesión de un terreno de 10.334 m2 que, siendo de propiedad pública, fue cedido a un privado sin más contraprestación que algunas consultas médicas que administra el gobernador regional y quienes él determine; lo que evidentemente es lesivo al interés público.

La denuncia presentada a la Contraloría, muestra cómo en setiembre de 2019 y mediante un convenio que carecía de los debidos informes técnicos, el gobernador Servando García cedió un terreno valorizado en casi 7 millones de dólares, para que la empresa Consorcio Policlínico Piura “JOHNMAY SALUD” instale un seudo hospital en una estructura prefabricada de drywall con el rimbombante nombre de “Hospital Popular Regional Señor Cautivo” que, además, fue levantado en un terreno cuyo destino previsto es el de convertirse en un intercambio vial, tal como lo señala el Plan de Desarrollo Urbano Piura-2032.

Lo más grave es que el convenio suscrito entre el GR Piura y el Consorcio Policlínico Piura “JOHNMAY SALUD”, es que dicho terreno siendo un bien inmueble de propiedad pública y de dominio privado, conforme lo establece la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales N° 29151 – y su reglamento, no especifica ni la naturaleza ni la modalidad en que ese patrimonio público fue entregado a un tercero para que lo explote comercialmente; es decir, si fue cedido en “usufructo”, por “afectación en uso” o por “cesión en uso”; que son las tres únicas modalidades en que una entidad pública puede ceder a un privado el uso de un bien público.

Es evidente que el gobernador regional y quienes intermediaron en este grave hecho, omitieron de forma deliberada señalar la modalidad de cesión, ya que si hubieran cedido los 10.334 m2 por usufructo, habrían tenido que realizar una convocatoria pública para que se presente cualquier postor, aprobarlo mediante resolución, sustentarlo en un informe técnico-legal y, además, tener la opinión previa de la Superintendencia de Bienes Nacionales y acompañar la propuesta de un plan de distribución de los ingresos generados por ese “usufructo”. Ninguno de estos procedimientos ha sido realizado y Johnmay Salud cobra sus consultas y servicios de salud sin pagar ni un sol al Gobierno Regional de Piura.

Uso de un privado

En caso hubieran adoptado la modalidad de “Afectación en Uso”, la cesión del costoso terreno, además de ser aprobada por resolución del gobernador regional, tendría que señalar que el terreno es destinado para uso o servicio público, lo que no ocurre, pues fue entregado para el uso de una empresa privada cuya actividad comercial es vender servicios de salud; siendo un agravante que dicha empresa fue creada específicamente para obtener este ilegal beneficio dos meses antes de recibir ese obsequio del patrimonio público, recién el 01 de julio del 2019, solicitó a SUNAT el registro de su RUC; lo que comprueba que no tenía experiencia en esta actividad.

Fines de lucro

Tampoco se consideró la modalidad de “Cesión en Uso” pues si bien las normas legales vigentes contemplan que excepcionalmente se puede entregar a un particular un terreno de propiedad pública a título gratuito; esto debe ser por no más de diez años y exclusivamente para que se destine a la ejecución de un proyecto de desarrollo social, cultural y/o deportivo que no tenga fines de lucro, lo que evidentemente no es verdad pues Johnmay Salud gana dinero por brindar servicios de atención en consultas médicas; tan así que el lesivo convenio entre esta empresa y el GR Piura, en su clausula cuarta, acápite 4.2, literal “g”, señala que “los costos de la consulta médica especializada y el costo de consultas de medicina general, tendrán un valor accesible a la población, tomando como referencia el tarifario del Ministerio de Salud – MINSA”; con lo que es evidente que, al cobrar, tienen un fin de lucro y siendo que las tarifas del MINSA son solo referenciales, pueden incrementarlas cuando les parezca.

La gestión de Servando García tiene paralizada la construcción de los hospitales de Ayabaca, Huarmaca, Huancabamba y Los Algarrobos; pero para que un particular gane dinero con la salud de los piuranos, sí fue muy diligente. Los indicios de corrupción están a la vista.

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