Por el Congreso siguen inquietos con el proyecto de ley que prohíbe a sentenciados en primera instancia postular a un cargo público.La norma se aprobó por mayoría el 5 de julio, pero da la impresión que los parlamentarios se han arrepentido, al punto de no ratificar la votación en una segunda legislatura, como lo exige la Constitución.

Para aprobar dicha ley se requiere de 87 votos en una segunda legislatura. Y es aquí donde viene el truco. Agarrándose en el derecho de que los ciudadanos pueden y deben ser “elegidos” (sin importar si son corruptos o asesinos) los parlamentarios, suponemos, con fuerte presión de sus respetivas dirigencias partidarias quieren echarse atrás y desertar porque –se han dado cuenta-, están chocado con los integrantes de sus respectivos partidos.

Es decir, los “padres de la patria” están preocupados por el “derecho de sus dirigentes” a ser elegidos, olvidando que por encima de ellos está el interés de millones de peruanos cuyo mayor deseo es ser gobernados por personas probas, responsables y preocupadas por el desarrollo de un país, más no por pillos, asesinos, egocéntricos u obsesionados con el poder.