El Perú de hoy es un país secuestrado por la delincuencia y la corrupción. La primera es responsable de decenas de muertes, extorsiones y robos, a tal punto que ha obligado al Gobierno a decretar el estado de emergencia en algunas ciudades. Sullana y sus distritos es una de ellas. Igual ocurre con la corrupción. Según último estudio de Datum, el 96 % de los peruanos está convencido que la corrupción es el principal problema del país.
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Esa percepción de corrupción es “extremadamente alta” y ha desplazado a la inseguridad ciudadana. Según el estudio, los peruanos relacionan corrupción con la administración pública donde hay alta tolerancia a la coima, tráfico de influencias, abuso de poder, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, robo de servicios, entre muchos males más que han satanizado al sector público.
El problema de estos flagelos es que nos sumen en la pobreza, obstaculizan el desarrollo, además de ahuyentar a la inversión privada. Y esto no termina allí, pues también debilitan el sistema judicial y político que, en teoría, debería estar al servicio del bien público; es decir, de todos los ciudadanos.
