El plan Bukele que ha dado resultado al presidente salvadoreño en su lucha contra la inseguridad y narcotráfico ha polarizado a los políticos nacionales. Quienes están a favor creen que algunas estrategias pueden ser aplicadas en el Perú; los otros que no quieren ni FF.AA. y menos ‘planes bukeles’ y más parece aliados de los delincuentes, están convencidos que se cometerán abusos y violación a los derechos humanos.
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Lo cierto es que los extremos ciegan y no alcanzan a ver, algunos, que no se requiere plan Bukele para empezar a imponer el orden y seguridad en nuestras calles. Con que el gobierno muestre intención de intervenir los penales desde donde salen las ordenes para ejecutar personas o extorsionar, se haría mucho.
Igual no se requiere cambiar la Constitución para implementar mejor a la Policía y proteger a los efectivos contra los ‘desvarios’ carcelarios de la justicia peruana; mucho menos se requiere grandes cambios para que los operadores de justicia castiguen con severidad y prontitud a los maleantes. Los políticos que todo polarizan no deben olvidar que el 77% de la población, cansados de vivir en zozobra, quieren el plan Bukele.