La crisis social y política ha llegado a límites de espanto, tanto así que la Conferencia Episcopal se pronunció por una transición democrática que dé solución a toda esta convulsión política que se vive en las ciudades y que, además, ha paralizado al país; ahuyentado a la inversión pública y generado un estado de inseguridad permanente debido a la falta de trabajo e informalidad, avivada por los constantes cambios de ministros del Interior que hasta ahora, no ha podido trazar una ruta para combatir la criminalidad.

Y no solo es la convulsión política la que preocupa; también los altos índices de corrupción y cinismo que se irradia desde el mismo Palacio de gobierno sujeto a constantes allanamientos por las seis investigaciones de Fiscalía y que compromete al propio presidente quien por todos los medios, legales e ilegales, intenta obstruir a la justicia.

En medio de este clima de ingobernabilidad, corrupción, inseguridad y casi nula inversión privada, los obispos han intentado proponer una salida que, al parecer, el Ejecutivo hará oídos sordos, pues lo que en estos mementos le preocupa al gobernante y su gabinete es la impunidad.