La Fiscalía ha protagonizado papelones en la última semana: primero, creó un caso endeble y excesivo contra PPK que ha provocado que un juez eche por tierra todo lo avanzado, creando un forado argumental en el megacaso Lava Jato.

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Segundo, recién se pone las pilas con el tema de Eliane Karp, espinoso por las especiales circunstancias de su ciudadanía israelí y las tradiciones legales del Estado judío que dificultan la posibilidad de tenerla en el banquillo junto a Toledo, a pesar de que recientemente varios abogados “especialistas” han tomado los medios para calmar a una ciudadanía naturalmente sedienta de justicia. 

¿Cuándo se convirtió el Ministerio Público en un ente que despacha mediáticamente y cuyos resultados son a veces de cal y otras, escandalosamente, de arena sucia? En realidad, lo que pasa en la Fiscalía es sintomático de lo que ocurre en otras instituciones del Estado, ya sean los tres poderes o los entes autónomos. Hace décadas que el sector público ha sido afectado por la espectacularización y farandulización de la información.

Lejos de reclamar para sí una dignidad que le sería consustancial, el Estado ha preferido sumarse al show, doblegarse a la lógica del entretenimiento, y ha reducido a la administración pública -incluida la administración de justicia- en un evento destinado a la contemplación y el comentario.

El caso Odebrecht es un ejemplo claro de la perversión del objetivo supremo de una investigación fiscal para convertir los casos en narrativas que son funcionales a determinados grupos interesados en que la distracción y la confusión reinen e impidan crear perspectivas sólidas y, principalmente, impartir justicia. 

El caso de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, a pesar de los elementos que permitirían sustentar dudas razonables sobre su omisión a investigar al reo Pedro Castillo cuando ejercía el poder y se reunía en Sarratea con perro, gato y pericote (sobre todo éstos últimos), o cuando violaba las leyes para ascender irregularmente a oficiales de su preferencia, también está pasando por el mismo proceso de contaminación.

La Junta Nacional de Justicia ha pedido “no judicializar la política”, pero lo que debería preocuparle es que el caso no se convierta en otro circo mediático como parece pretenderlo la propia investigada cuando convoca a la Junta de Fiscales Supremos.