Abandonada a su suerte. Esa es la actual situación de la región que sigue sufriendo día tras día los embates de las lluvias extremas frente a la inacción de Gobierno que pretende manejar la emergencia a punta de comunicados, notas de prensa y sobrevuelos de las zonas afectadas.

Solo la lluvia del lunes, de entre 85 mm y 93,2 mm, causó daños en más de 10 mil viviendas; 131 familias quedaron con sus casas inhabitables, 80 casas destruidas en diez distritos, 622 colegios afectados y decenas de cuencas ciegas en las principales ciudades de la región.

Esta precipitación extrema -lamentablemente, una de las muchas que se presentarán hasta el 15 de abril, según Senamhi- causó en pocas horas escenas de terror, llanto y dolor: familias obligadas a evacuar llevando consigo lo poco que pudieron salvar de sus casas inundadas en El Chilcal, Ignacio Merino, Miraflores, Quebrada del Gallo, La Unión, Tambogrande, etc., durmiendo algunos de ellos a la intemperie.

Mientras los burócratas que priorizaron “obritas” de reconstrucción (algunas paralizadas) en lugar del drenaje pluvial, guardan vergonzoso silencio; los piuranos más vulnerables, como en Ignacio Merino, El Chilcal, incluidos niños, ancianos y pacientes con enfermedades graves, pedían llorando al GORE y Gobierno nacional motobombas y cisternas para retirar el agua y poder sobrevivir a la catástrofe.

En medio de esta debacle que también incluye constantes y prolongados cortes de electricidad y agua potable -que crean condiciones para una “explosión” de enfermedades-, el contralor general de la República, Nelson Schack, ha anunciado severas sanciones, incluso inhabilitación para la función pública, contra aquellos funcionarios responsables de esta inacción.

Aplaudimos el anuncio del contralor. Pero antes de aplicar justicia a los enemigos de Piura, urge prestar ayuda a miles de damnificados, y no mañana ni a largo plazo.

Hoy, ahora. La ministra Hania Pérez y el ministro de Economía, Alex Contreras, deberían estar aquí liderando las acciones de respuesta en coherencia con la emergencia nivel 5. Sin embargo, de los S/879 millones anunciados para Piura no se gasta un sol, a pesar de que cada vez más hogares viven literalmente entre el agua y la indiferencia.