Parece que tras la lamentable muerte del primer vicepresidente del Congreso, Hernando “Nano” Guerra García, varios opinólogos y políticos se quieren adjudicar el descubrimiento de que el agua moja. Lo decimos porque resulta inusual la explosión de mensajes, tuits, artículos y similares, acerca de la precaria situación de la salud pública en el país.
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Ciertamente, la ruina de la salud pública no es culpa exclusiva de Dina Boluarte ni de Castillo, PPK, Vizcarra, Sagasti, Alan García, Toledo, Humala, Fujimori, Velasco, etc. Es un problema más antiguo, de raíces no atacadas ni visibilizadas adecuadamente por la prensa y los políticos, aunque sospechadas desde siempre. La república peruana se construyó sobre los escombros del sistema colonial y fracasó en su promesa de una ciudadanía extendida a todos los miembros de la sociedad; fue incapaz de corregir el racismo, de acabar con el paradigma moral de la superioridad de unos sobre otros y olvidó que un país se funda, además de sobre oro y plata, sobre la idea de hermandad de los ciudadanos, sobre la base de los derechos humanos como conceptos inseparables de las decisiones políticas más simples y las más complejas.
Con tremendas omisiones, era normal que nuestros servicios básicos –educación, agua, energía, seguridad y salud- funcionen mejor para los favoritos o para los que pueden comprar un mejor reconocimiento de su humanidad -“si quieren curarse (o “si quieren bañarse”), que paguen”-. ¿Hemos avanzado en materia de derechos, como para que exista un fundamento moral -además de estadístico y racional- sobre el cual desarrollar grandes reformas para acercar la salud a las mayorías? Nada.
En el debate han sido mencionados los GORE, calificados como entidades inútiles e incapaces de invertir en salud. Es cierto que en muchos casos -como el de Arequipa- hay problemas de inversión, pero también conviene recordar que el sistema de salud está integrado desde Lima. En Piura, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se ha esperado para que el Ejecutivo recuerde que la población necesitaba un hospital de alta complejidad? ¿Quién debió autorizar la inversión? ¿Quiénes debieron presionar para que se logre el decreto del presupuesto -aunque éste se haya encogido-? Así que no hay un solo responsable, sino toda una corporación política, por así decirlo, culpable.
