Al cierre de esta edición, la Junta Nacional de Justicia, uno de los pocos organismos no capturados por el Congreso, permanecía en el limbo, luego del asalto sufrido el miércoles en la noche por las bancadas y parlamentarios embarcados en el plan de capturar todo el poder para asegurarse su continuidad en el Estado e impunidad en los siguientes años.
Como ya es su costumbre, el miércoles los protagonistas de este plan antidemocrático –congresistas de FP, PL, AP, RP, Avanza País, etc.-, hicieron uso de la arbitrariedad, su arma favorita en la que son expertos. Y así, aunque ya habían dicho mediante informe que no encuentran ninguna falta grave en los miembros de la JNJ, a las 9:30 de la noche, ese mismo grupo de trabajo, como por arte de magia y ante la presión de las todopoderosas bancadas cogobernantes, cambiaron el texto del informe y ahora sí lo aprobó recomendando la remoción de los integrantes de la Junta.
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Lo más indignante es el oportunismo con que este grupete comete sus atrocidades en momentos en que millones de peruanos cansados, desilusionados y agobiados por la caída del empleo y del poder adquisitivo, se han sentado a esperar que el azar salve a la democracia.
Cuando escribíamos estas líneas, quienes habían consumado el primer paso del asalto a la democracia -el segundo es la aprobación en el pleno, lo que podría darse hoy- permanecían a la expectativa de las reacciones de un país que, salvo uno que otro llamado a defender el sistema democrático y el equilibrio de poderes, continuaba indiferente y adormecido.
Muchos preferían cerrar los ojos y no enterarse, pero el ataque del Congreso a la JNE acaba de crear un peligroso escenario de afectaciones al debido proceso, independencia judicial e integridad del sistema electoral; abre la puerta a la vulneración sistemática de las libertades civiles y a la separación de poderes, incluye -para deleite de Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori y sus amigos- el control de jueces y fiscales y la toma de instituciones electorales.
Ignorando las razones técnicas, el Congreso se propone imponer una JNJ a su medida para controlar la ONPE y secuestrar el Estado. ¿El país lo permitirá?
