En diálogo con este medio, la congresista Patricia Chirinos declaró que había llegado el tiempo de que el Gobierno peruano solicite ayuda internacional para atender los efectos terribles de las lluvias y desbordes en el país. 

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Creemos que es importante que nuestros gobernantes acepten sus limitaciones y que esto debió hacerse hace mucho, cuando los fenómenos atmosféricos sobrepasaron las capacidades preventivas y el poder de ejecución de algún plan de atención de la emergencia.

Estamos de acuerdo -reiteramos- en que el Gobierno reconozca sus debilidades, pero ¿acaso será así cada vez que llueva? Es conveniente identificar las limitaciones logísticas y distinguirla de la mala entraña con que en todo el país se han ejecutado obras que, por su pobre calidad, parecen haber sido hechas por algún principiante o un enemigo. Miremos a Piura -aunque duela mirarla- y veamos esas ¿pistas? que son más huecos que asfalto. ¿El nivel de Gobierno más inmediato, la municipalidad, no pudo observar esto e impedir que los fondos de la ciudad se vayan en una obra mediocre? Historias como ésta se repite en toda la costa del Perú. 

Urge reforzar el control a las obras civiles, vigilar con lupa a las empresas que ofrecen servicios inútiles. De esta manera se garantiza una inversión más eficiente y menos gasto para maquillar el desastre.

Tener cuentas claras y vigilar que no haya robo en pistas y veredas también deberían considerarse dentro de un plan más completo de prevención de desastres.

Al menos ello sería importantísimo en nuestra región, donde las obras no solo deben embellecer las calles, sino ser seguras en épocas en que el clima exhibe su lado más rudo y peligroso. 

Las lluvias, según Senamhi, podrían seguir cayendo hasta junio, en pleno invierno; es probable que, con tantos días de precipitaciones, sea necesaria la ayuda internacional con carácter de urgencia.

Esperemos también que, en caso de solicitarse, esto no sea aprovechado políticamente. Buscar réditos políticos aprovechando a los damnificados, para mala suerte del Gobierno, no sería posible porque nuestro castigado país ha entendido a la fuerza que la vida y la salud no se alquilan ni se prestan bajo ningún concepto.