Este año no da treguas y antes de que se cumpla la primera semana del 2023 estaremos frente a una protesta en la que unos ven el rostro de un Perú olvidado, y otros el resultado de haber sido blandos con los rezagos del terrorismo.

Mientras unos creen que las marchas, además de justificarse en el derecho de todo peruano a la protesta, se vindican porque ponen sobre la mesa urgentísimos temas -desigualdad política, desigualdad económica, corrupción y deseo de participar en la toma de decisiones del país-; otros observan la mano de Sendero Luminoso y sus varias fachadas motivando los desmanes que costaron 28 muertos.

Su fin, aseguran, es desestabilizar la democracia, llevarla al punto en que las contradicciones entre los ciudadanos y el Estado sean irresolubles por otro método que no sea la violencia.

Queda claro que lo que no puede violarse es la Constitución, ya sea para marchar o para polemizar. La Constitución actúa como un dique espiritual que impide que uno y otro bando declaren sus diferencias como irreconciliables y dirimibles en los extramuros del sistema político. Precisamente, la Constitución impide que se quiera llegar a las pedradas, los balazos y los insultos como solución. La Constitución, con todos sus posibles errores y con su origen polémico, nos congrega en la democracia.

Dicho esto, agradecemos a las autoridades policiales que retiraron la participación de la Policía en la Marcha por la paz que hoy recorrerá también las calles de Piura. Las Fuerzas Armadas y la Policía no pueden ser usadas para fines políticos porque eso implicaría dejar de ver al ciudadano como tal, con sus derechos y deberes; por el contrario, estarían viendo a un potencial rival político, alguien a quien se podría detener por cuestión de ideas. ¿No dice la Constitución, la que en esta orilla defendemos, que no hay cárcel por ideas? ¿Cómo se podría cautelar ese derecho si el policía o el soldado, con camiseta política y bandera, ven frente a sí a alguien de color político distinto? A los bandidos que ocasionan el caos, ya sean por ignorancia o como azuzadores profesionales provenientes de la cantera del terrorismo, se les debe imponer el respeto por las leyes, por la Carta Magna y demás documentos. Mostrar la ley, defender la Constitución y todo ello desde la observancia de la Constitución. Que el celo político no le gane a la lógica.

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