En la actual crisis social y política se han visibilizado las desigualdades sociales y territoriales, es decir la situación concreta en la cual viven los pobres. Lejos de ser solo alimentaria, entre otros efectos negativos, esta pobreza ocasiona que hombres y mujeres tengan pocas posibilidades de acceder a una formación suficiente para tener la habilidad de hacer respetar sus derechos; derechos de recibir una educación de calidad ofreciendo a cada niño y niña las condiciones realistas de construir su proyecto de vida que les ayude a salir del círculo vicioso de la pobreza. Hablamos también de los derechos de poder beneficiarse de un sistema de salud que garantice la posibilidad de ser cuidados y poder ejercer el derecho de contar con los servicios del personal médico que asuma su responsabilidad profesional.

Esta situación que se agrava cada día amenaza con pervertir la democracia. Un artículo reciente en este diario mostró, a partir de un análisis pertinente de la historia del país, que en la campaña proselitista de cara a las próximas elecciones, algunos partidos políticos quisieron manipular la opinión pública para convencer a la gente de que “la mano dura” es una posible manera de gobernar que responde a sus expectativas.

Tal vez, desde su origen, la sociedad peruana presenta muchas debilidades en su organización democrática. La historiadora Mac Evoy decía que “el Perú es un desorden que, de vez en cuando, se pone en orden”. En el curso de la historia, varios grupos de personas han luchado para que las políticas públicas contribuyan a mejorar las condiciones de vida de toda la población, sobre todo de los que viven en las márgenes de nuestras ciudades, los llamados “informales” y las promociones de jóvenes que al salir del colegio, instituto o universidad no encuentran empleo.

Para salir de esta situación de injusticia en que los derechos humanos de gran parte de la población no son respetados, tiene que abrirse un debate público que conduzca al consenso de toda la población para que todos participen como ciudadanos. Esto es lo propio de una sociedad democrática donde todos sus miembros tienen los mismos derechos y cada uno se beneficia del “bien común”, la riqueza que han producido y de la cual el Gobierno vigila su justa distribución.
Por eso el ciudadano está invitado a reflexionar para saber a quién le va a dar su voto.