El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, dispuso el archivo de la investigación contra la expresidenta Dina Boluarte y sus entonces ministros de Estado, en relación con el incremento del sueldo presidencial aprobado durante su gestión al frente del Ejecutivo.
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La decisión se adoptó tras evaluar la denuncia presentada por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido Voces del Pueblo, que acusaba a la exmandataria y a su Gabinete de incurrir en presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
¿Cómo se produjo el aumento del sueldo durante el gobierno de Dina Boluarte?
El 4 de julio del año pasado, el Ejecutivo oficializó, mediante decreto supremo, el incremento de la remuneración del presidente de la República. La norma fue suscrita por Dina Boluarte y el entonces ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes.
Con esta medida, el salario presidencial pasó de S/15 600 a S/35 568 mensuales, generando cuestionamientos desde diversos sectores políticos y ciudadanos.
Los denunciantes argumentaban que este incremento vulneraba la Ley N° 28212, la cual establece que la remuneración del jefe de Estado no debe superar las 10 Unidades Remunerativas del Sector Público (URSP), equivalentes a S/26 000.
Fundamentos de la Fiscalía para archivar la denuncia contra Dina Boluarte
Según la resolución fiscal, no existe mérito suficiente para formular una denuncia constitucional contra Dina Boluarte ni contra sus exministros, debido a que no se logró encuadrar los hechos dentro de los delitos señalados.
El Ministerio Público concluyó que resulta “jurídicamente imposible subsumir los hechos” en la tipificación penal de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
En consecuencia, se ordenó el archivo definitivo del caso, así como la anulación de cualquier registro o anotación vinculada a la investigación.
El procedimiento administrativo detrás del aumento salarial
Uno de los aspectos clave de la decisión fiscal fue la determinación de que el proceso para el aumento salarial no se inició de manera irregular ni acelerada, como sostenían los denunciantes.
De acuerdo con la investigación, el trámite comenzó en marzo de 2024, cuando el Despacho Presidencial gestionó ante la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) la aprobación de su Cuadro de Puestos de la Entidad.
Este detalle permitió desvirtuar la supuesta celeridad indebida del procedimiento, restando credibilidad a los argumentos presentados en la denuncia.
¿Se vulneró la Ley N° 28212? Esto determinó la Fiscalía
En relación con la presunta infracción a la Ley N° 28212, el fiscal de la Nación señaló que el Congreso contempló excepciones específicas mediante la Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2025.
En ese sentido, la limitación salarial invocada por los denunciantes no resultaría aplicable en este caso, ya que la compensación económica del presidente se rige por la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.
Este marco normativo fue el utilizado para sustentar la emisión del decreto supremo durante el gobierno de Dina Boluarte.
Testimonios e informes técnicos respaldaron el proceso
La resolución también recoge testimonios de funcionarios clave, como el presidente de SERVIR y especialistas del Ministerio de Economía, quienes coincidieron en que el procedimiento se ajustó estrictamente a la normativa vigente.
Según estos testimonios, cada etapa del proceso contó con sustento técnico y legal, descartando la existencia de irregularidades o decisiones arbitrarias.
Asimismo, el fiscal determinó que no se acreditó la existencia de un interés ilícito por parte de Dina Boluarte, ya que la aprobación del incremento fue el resultado de un proceso colegiado en el que participaron diversas entidades del Estado.
¿Existió beneficio indebido para Dina Boluarte?
El Ministerio Público reconoció que podría inferirse un beneficio económico a favor de la entonces presidenta debido al aumento salarial. Sin embargo, precisó que esta condición no es suficiente para configurar responsabilidad penal.
“Dicha inferencia es insuficiente para atribuir responsabilidad penal”, señala la resolución, que enfatiza la necesidad de probar una conducta ilícita concreta para sustentar una acusación.
Además, se concluyó que no hubo evidencia de presión o injerencia directa por parte de Dina Boluarte para alterar el curso del procedimiento administrativo.
Evaluación del rol de los exministros en la decisión
Respecto a los exministros involucrados, la Fiscalía determinó que no existió una voluntad deliberada de favorecer a la entonces mandataria.
Por el contrario, se estableció que actuaron en el marco de una función colegiada, basándose en informes técnicos previos y en la normativa vigente.
Este punto fue clave para descartar la existencia de responsabilidades penales en el conjunto del Gabinete ministerial.
Reacciones tras el archivo del caso contra Dina Boluarte
Tras conocerse la decisión, la defensa legal de Dina Boluarte, representada por el abogado Juan Carlos Portugal, sostuvo que el caso carecía de sustento desde su inicio.
A través de sus redes sociales, el letrado afirmó que una indagación preliminar era suficiente para evidenciar la ausencia de materialidad penal en la denuncia.
Asimismo, cuestionó la pertinencia de iniciar investigaciones basadas en lo que calificó como “caprichos personales”, remarcando que estos no deberían dar lugar a procesos penales.
¿Por qué la Fiscalía decidió no continuar con el caso?
La Fiscalía concluyó que no existían elementos suficientes para sustentar una acusación penal, debido a la falta de evidencia de delito, la legalidad del procedimiento administrativo y el respaldo técnico de las decisiones adoptadas.
¿El aumento de sueldo presidencial fue legal?
Según la resolución fiscal, el incremento se realizó dentro del marco legal vigente, amparado en normas como la Ley del Servicio Civil y las disposiciones presupuestales aprobadas por el Congreso.
¿Puede reabrirse el caso contra Dina Boluarte?
El archivo implica el cierre de la investigación en esta etapa; sin embargo, el caso podría reabrirse si aparecen nuevos elementos probatorios que justifiquen una revisión del mismo.
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