La Victoria: allanan casa del alcalde distrital y detienen a funcionarios municipales

mayo 12, 2026
Autor: SEO El Tiempo

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La Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público allanaron esta madrugada la vivienda del alcalde de La Victoria, Rubén Cano, y detuvieron a varios funcionarios municipales, en el marco de una investigación por presuntos cobros de cupos a comerciantes ambulantes y corrupción al interior de la Municipalidad de La Victoria.

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Carlos Angelino Córdova, fiscal adjunto provincial de Lima, indicó que la medida forma parte de un operativo ejecutado por la Fiscalía contra el Crimen Organizado y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la PNP.

El operativo permitió, además, la detención preliminar por 15 días de 14 presuntos integrantes de la organización criminal denominada “Los Pulpos de La Victoria”.

Según la investigación fiscal, esta red criminal habría operado desde el año 2023 enquistada en el área de fiscalización del municipio victoriano, desde donde se organizaban operativos de recuperación de espacios públicos en zonas comerciales de Gamarra, principalmente en el Damero A y B, para luego lotizar esos espacios y venderlos nuevamente a comerciantes ambulantes.

De acuerdo con las pesquisas, los ambulantes debían pagar entre 1,000 y 5,000 soles por acceder a un puesto informal, además de cuotas semanales y pagos diarios de entre 10 y 20 soles, dependiendo del tamaño del espacio ocupado.

La Fiscalía estima, tras una pericia contable, que la presunta organización habría recaudado cerca de 75 millones de soles mediante este sistema ilegal.

Las investigaciones también alcanzan al gerente de Fiscalización, al subgerente de Fiscalización de Rentas y al jefe del Centro de Comunicaciones de la Municipalidad de La Victoria, quien habría tenido a su cargo la recopilación y análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad del distrito.

Precisamente, uno de los elementos que llamó la atención de la Fiscalía fue la desaparición parcial de grabaciones de video cuando se realizaban revisiones tras operativos policiales y denuncias ciudadanas.

Al acudir al centro de monitoreo municipal, los investigadores detectaron que no existía el material completo de determinados días y horarios en los que aparecían presuntos fiscalizadores involucrados en el cobro de cupos.

Según la tesis fiscal, la organización criminal actuaba bajo una estructura coordinada. Primero se ejecutaban operativos de desalojo de ambulantes, luego se liberaban y dividían los espacios intervenidos y finalmente estos eran revendidos a los comerciantes, quienes quedaban sometidos a un régimen permanente de pagos.

En el caso del alcalde Rubén Cano, la Fiscalía sostiene que habría facilitado el ingreso de determinadas personas al área de fiscalización de la municipalidad en coordinación con funcionarios de confianza.

Sin embargo, el Poder Judicial rechazó el pedido de detención preliminar en su contra y solo autorizó el allanamiento e incautación de bienes y documentos en su vivienda como parte de la investigación.

Los detenidos fueron trasladados a la sede de la Prefectura de Lima mientras continúan las diligencias. Asimismo, el Ministerio Público informó que se detectaron presuntos desbalances patrimoniales entre algunos funcionarios municipales, luego del levantamiento del secreto bancario y el análisis de sus cuentas financieras.

El presunto cabecilla de la organización criminal fue identificado como Juan Manuel Núñez Castro, alias “Pulpo”, quien fue capturado durante el operativo. Según la investigación, el sujeto salió de prisión en 2014 y posteriormente habría integrado diversas bandas dedicadas al cobro de cupos en La Victoria.

La Fiscalía señaló que esta nueva organización tendría similitudes con la estructura criminal de “Los Intocables Ediles”, red investigada años atrás por extorsiones y cobros ilegales en mercados y zonas de comercio ambulatorio del distrito.

Las autoridades indicaron que cuentan con audios, imágenes y otros elementos de convicción que comprometerían a los investigados en el presunto delito de extorsión y corrupción dentro de la administración municipal, e incluso algunos casos de homicidio.

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