Lo que inicialmente fue presentado como un ambicioso proyecto tecnológico para ampliar el alcance del Canal del Congreso terminó convertido en un conflicto legal que hoy podría derivar en el embargo de las cuentas del Parlamento peruano. La controversia involucra contratos millonarios, arbitrajes, decisiones judiciales y equipos abandonados en pleno centro histórico de Lima.
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El caso fue revelado por un informe periodístico difundido el 10 de mayo en el programa Cuarto Poder, donde se expuso cómo la compra e instalación de antenas satelitales impulsadas por el Congreso durante 2018 derivó en un largo litigio con la empresa Río Pacífico S.A.C.
Actualmente, la compañía asegura que el Parlamento mantiene una deuda pendiente desde hace siete años y evalúa solicitar medidas judiciales para ejecutar el cobro. El conflicto también ha reabierto cuestionamientos sobre la planificación de obras públicas, el manejo de recursos estatales y la responsabilidad de los funcionarios que aprobaron el proyecto.
Proyecto satelital del Congreso buscaba ampliar señal televisiva
La iniciativa nació durante la gestión de Daniel Salaverry al frente de la Mesa Directiva del Congreso. El objetivo era modernizar el Canal Congreso mediante la construcción de una estación terrena satelital que permitiera transmitir sesiones plenarias y debates parlamentarios a distintos puntos del continente.
La propuesta buscaba ampliar la cobertura institucional y lograr que la señal legislativa llegara a operadores de cable y ciudadanos en tiempo real. Para ello, el Parlamento destinó una inversión pública de aproximadamente un millón 925 mil soles.
El contrato fue firmado el 15 de octubre de 2018 con la empresa Río Pacífico S.A.C., encargada de implementar el sistema de antenas parabólicas y equipos de transmisión. Parte de las estructuras fueron instaladas en la azotea del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, ubicado en el centro histórico de Lima.
Sin embargo, el proyecto comenzó a presentar problemas cuando se intentó ensamblar la antena principal, considerada la pieza más pesada y de mayor tamaño de toda la infraestructura tecnológica.
Error técnico paralizó instalación de antena del Congreso
Según los representantes de la empresa contratista, la antena principal incumplía normas urbanísticas y estructurales aplicables al centro histórico de Lima, declarado patrimonio cultural.
Raúl Ubidia, gerente general de Río Pacífico S.A.C., sostuvo que el tamaño y peso de la estructura hacían inviable su instalación sobre el edificio del Congreso. “No era posible ni el tamaño, ni el peso, ni la instalación propiamente”, declaró.
La empresa indicó que las especificaciones técnicas entregadas por el Parlamento no advertían restricciones relacionadas con la protección del casco histórico ni con las normas vinculadas a la UNESCO y al Ministerio de Cultura.
Jorge Amorós, accionista de la compañía, explicó que el requerimiento técnico únicamente solicitaba instalar una antena de transmisión de 7.3 metros sin considerar las limitaciones urbanísticas del inmueble.
“Definitivamente no lo supo, porque nosotros como compañía recibimos un TR que es preciso y específico en la provisión de cierta infraestructura”, señaló.
Ministerio de Cultura rechazó licencia para obra del Congreso
El 3 de junio de 2019, el Ministerio de Cultura negó oficialmente la autorización para instalar la antena principal sobre el edificio parlamentario. El documento advertía que la estructura afectaba visualmente el centro histórico de Lima y superaba los límites permitidos para una edificación monumental.
La decisión terminó paralizando el proyecto. Aunque algunos equipos ya habían sido colocados y parte del sistema permanecía almacenado en las instalaciones del Canal Congreso, la infraestructura principal nunca pudo funcionar.
Desde entonces, las estructuras metálicas y equipos tecnológicos continúan en la azotea del edificio, convertidos en símbolo del fracaso administrativo del proyecto impulsado por el Congreso.
“Es un escándalo y, sobre todo, que todos los equipos están tirados ahí. No presta el servicio que debería darnos a todos los peruanos”, cuestionó Jorge Amorós.
Daniel Salaverry cuestiona uso de recursos públicos
El ex presidente del Congreso, Daniel Salaverry, también se pronunció sobre el caso y pidió identificar a los responsables de la aprobación del expediente técnico.
“Son chatarra. ¿Y quién le devuelve el dinero a todos los peruanos? Porque el dinero del Congreso no es de los congresistas, es de todos los peruanos”, manifestó.
Durante los últimos años, diversas mesas directivas asumieron la conducción del Parlamento sin encontrar una solución definitiva al conflicto. Según la empresa contratista, existieron intentos para reubicar la antena principal en otros predios alejados del Palacio Legislativo.
Entre las alternativas evaluadas figuraban terrenos ubicados en la avenida Argentina y en Ancón. Sin embargo, estas opciones implicaban mayores costos de conectividad, infraestructura y energía.
“Tuvimos múltiples reuniones para buscar alternativas que lamentablemente no eran viables”, explicó Raúl Ubidia.
Arbitraje y fallo judicial ordenan pago del Congreso
En diciembre de 2021, el Congreso resolvió el contrato con Río Pacífico S.A.C. alegando incumplimientos y retrasos contractuales. La decisión derivó en un arbitraje que finalmente falló en contra del Parlamento.
El laudo arbitral ordenó que el Poder Legislativo pagara las prestaciones ejecutadas hasta junio de 2019, además de otras obligaciones derivadas del contrato.
Para la empresa, la resolución confirmó que la paralización no fue responsabilidad del contratista, sino consecuencia de errores técnicos y administrativos del propio Congreso.
“Siete años que venimos luchando constantemente a través de múltiples cartas y mesas directivas que no han dado una solución”, afirmó Jorge Amorós.
Posteriormente, en marzo de 2025, el Poder Judicial ratificó lo establecido en el arbitraje y ordenó al Parlamento cumplir con el pago correspondiente.
No obstante, la empresa sostiene que el Legislativo continúa sin acatar plenamente la sentencia judicial.
¿Por qué la empresa evalúa embargar cuentas del Congreso?
Ante el incumplimiento de los pagos ordenados por el arbitraje y ratificados judicialmente, Río Pacífico S.A.C. anunció que evalúa solicitar el embargo de las cuentas del Congreso.
“Estamos viendo la posibilidad del embargo de las cuentas del Congreso porque realmente no hay nadie que quiera responder a lo que está sucediendo”, declaró Jorge Amorós.
Por su parte, el Parlamento emitió un comunicado indicando que algunas pretensiones indemnizatorias de la empresa fueron declaradas infundadas y que también existían penalidades económicas vinculadas a presuntos retrasos contractuales.
El conflicto continúa abierto mientras las estructuras del fallido proyecto satelital permanecen abandonadas sobre el edificio legislativo, en medio de cuestionamientos sobre la gestión de recursos públicos y el impacto económico que podría asumir finalmente el Estado peruano.
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