El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, ejecutó un operativo simultáneo en Lima, Ayacucho y La Libertad que permitió la detención preliminar de diez personas presuntamente vinculadas a una organización criminal dedicada a la usurpación de inmuebles del Estado, lavado de activos y falsificación de documentos.
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De acuerdo con las investigaciones fiscales, la red habría operado mediante un esquema sofisticado orientado a apropiarse ilegalmente de propiedades de alto valor económico pertenecientes a congregaciones religiosas, cofradías, personas fallecidas, ciudadanos radicados en el extranjero y predios con problemas sucesorios o registrales.
La intervención estuvo liderada por el fiscal provincial Juan Alberto Orihuela Legonia, del Tercer Despacho de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada, con apoyo de efectivos de la Policía Nacional del Perú.
¿Cómo operaba la red criminal investigada por la Fiscalía?
Según la tesis del Ministerio Público, la organización criminal habría infiltrado funcionarios y trabajadores en distintas instituciones públicas para facilitar la elaboración y validación de documentación falsa.
Entre las entidades comprometidas en las investigaciones figuran el Archivo General de la Nación, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), notarías públicas, el Poder Judicial e incluso empresas proveedoras de servicios.
La Fiscalía sostiene que los investigados presuntamente falsificaban escrituras públicas, poderes, minutas y expedientes judiciales con el objetivo de otorgar apariencia legal a la transferencia irregular de inmuebles.
Las autoridades estiman que las propiedades involucradas en este caso superarían los 25 millones de dólares, lo que evidencia el alcance económico de la organización investigada.
Operativo de la Fiscalía se realizó en 13 distritos
El operativo fiscal y policial se desarrolló de manera simultánea en 13 distritos de Lima, así como en regiones de Ayacucho y La Libertad. En las diligencias participaron 29 fiscales especializados en crimen organizado, además de agentes de la Dirección de Inteligencia (DIRIN) y de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (DIRILA) de la Policía Nacional.
Como parte de las acciones judiciales, también se ejecutó la incautación y desposesión de inmuebles ubicados en ocho distritos de la capital.
Entre los bienes intervenidos figura una galería comercial situada en el Cercado de Lima. Para estas diligencias se contó con el apoyo de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de la Beneficencia de Lima.
Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan y no se descartan nuevas detenciones ni más allanamientos vinculados a esta presunta organización criminal.
Investigación de la Fiscalía comenzó tras dos homicidios
Las pesquisas fiscales se iniciaron luego de dos asesinatos ocurridos en septiembre y octubre de 2024. De acuerdo con las diligencias preliminares, ambos crímenes habrían sido cometidos con la misma arma de fuego.
Uno de los casos corresponde al empresario Daniel Castillo, de 56 años, quien fue asesinado el 27 de septiembre de 2024 mientras permanecía dentro de su vehículo en la avenida Camino Real, en el distrito limeño de San Isidro.
Según las investigaciones, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el automóvil en medio del tráfico y uno de ellos disparó en cuatro ocasiones contra la víctima antes de escapar.
El segundo crimen investigado es el del profesor Julio César Pacheco Pimentel, asesinado frente al colegio Julio C. Tello, en Ate. De acuerdo con la información fiscal, un sujeto que simuló ser trabajador del Poder Judicial se acercó a la víctima y le disparó al menos tres veces antes de huir junto a un cómplice en motocicleta.
La Fiscalía informó que las labores de inteligencia, peritajes balísticos y diligencias policiales permitieron encontrar elementos que vincularían ambos homicidios con la organización criminal ahora investigada.
¿Qué delitos investiga la Fiscalía en este caso?
El Ministerio Público investiga presuntos delitos de organización criminal, usurpación agravada, lavado de activos, falsificación de documentos y corrupción vinculada a funcionarios públicos.
La hipótesis fiscal señala que la organización habría utilizado mecanismos ilegales para apoderarse de predios y posteriormente transferirlos o comercializarlos mediante documentación aparentemente válida.
Especialistas en derecho penal consultados en diversos casos similares advierten que este tipo de redes criminales suele aprovechar vacíos registrales, procesos sucesorios inconclusos y la ausencia de propietarios para apropiarse ilegalmente de inmuebles.
Además, las autoridades investigan si existió participación directa o colaboración de funcionarios públicos en la emisión o validación de documentos adulterados.
¿Por qué los inmuebles del Estado y propiedades abandonadas son vulnerables?
Las investigaciones sobre tráfico de terrenos y usurpación inmobiliaria revelan que los inmuebles con complejidad registral suelen convertirse en objetivos de organizaciones criminales debido a la dificultad para acreditar la propiedad inmediata.
En muchos casos, los predios pertenecen a instituciones religiosas, beneficencias o propietarios fallecidos cuyos procesos hereditarios permanecen sin resolver durante años.
La Fiscalía también investiga cómo las organizaciones logran insertar documentación falsa en registros públicos para aparentar legalidad en las transferencias.
Este tipo de delitos genera millonarias pérdidas económicas y afecta tanto al Estado como a particulares, además de ocasionar largos procesos judiciales para recuperar las propiedades.
¿Qué es el delito de lavado de activos?
El lavado de activos consiste en ocultar o dar apariencia legal a dinero, bienes o ganancias obtenidas de actividades ilícitas. En este caso, las autoridades sospechan que las propiedades usurpadas eran utilizadas para legitimar ganancias obtenidas de manera ilegal.
¿Qué rol cumplen los registros públicos en estas investigaciones?
Los registros públicos permiten acreditar formalmente la propiedad de bienes inmuebles. Por ello, la falsificación o manipulación de documentos registrales puede facilitar transferencias fraudulentas y generar conflictos legales sobre la titularidad de los predios.
¿La Fiscalía puede incautar inmuebles durante una investigación?
Sí. La legislación peruana permite que el Ministerio Público solicite medidas de incautación y desposesión cuando existen indicios de que los bienes estarían vinculados a actividades ilícitas o formarían parte de operaciones de lavado de activos.
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