Algunos de los deudos de las víctimas de las violencias durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, se pronunciaron sobre el pago de indemnización que les asignó el Gobierno.
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El Ministerio de Justicia ya emitió la resolución que aprueba la entrega de S/50000 a los familiares de personas que fallecieron durante las movilizaciones sociales realizadas entre el 8 de diciembre de 2022 y enero de 2023, en siete regiones, entre ellas, Puno, Apurímac, Cusco y Arequipa.
Algunos de los deudos se pronunciaron sobre el pago que les asignó el Gobierno. En esta línea, Demetrio Aroquipa, padre de una menor de 17 años, quien murió el 9 de enero tras salir a comprar al mercado, adelantó que no recibirá el monto.
“Salimos libres, caminando, junto a mi esposa y mi otra hija, los cuatro, y regresamos con un ataúd. En memoria, mi hija no tiene precio”, señaló el ciudadano juliaqueño, en declaraciones para la prensa.
“Dijeron tantas barbaridades el 9 de enero, cuando estábamos en dolor, llorando por nuestros muertos”, lamentó Armando Halire, abogado de las familias.
Por su parte, Raúl Samillan, hermano del interno de medicina y brigadista Marco Antonio Samillan Sanga, quien perdió la vida cuando se encontraba auxiliando a los lastimados de la confrontación con la PNP, expresó su desconfianza ante la ayuda económica.
“Somos humanos, no podemos llegar a tal extremo de quitarnos la vida peor que animales (…). Somos siete hermanos y tenemos que ver cuál es la intención del Gobierno con esta bonificación o si con esos S/50.000 quieren callarnos la boca, lo cual no lo van a lograr”, aseguró Raúl Samillan.
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