El exfiscal opina sobre el actual momento de la lucha anticorrupción en el país y los grandes obstáculos para acabar con las organizaciones criminales.

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– ¿Cómo está la lucha anticorrupción en el país?

La lucha contra la corrupción ha dado un cambio importante desde el momento en que la democracia retoma el poder en la Fiscalía. Recordemos que la fiscalía estuvo tomada durante un periodo largo por Patricia Benavides, quien ahora se encuentra procesada como presunta integrante de una organización criminal.

Luego entró como Fiscal de la Nación el señor Villena quien en realidad no hizo ruido en su trabajo y pasó desapercibido. Ahora que está la doctora Delia Espinoza, en definitiva ya se están dando golpes y está ganándose detractores que vienen desde la corrupción y que pretenden atacarla con acusaciones constitucionales entre otras acciones nefastas que está tomando la corrupción para debilitar la labor de la Fiscalía con la intentona de retomar el poder de esta institución.

– ¿Cuáles son las leyes que más perjudican la lucha anticorrupción?

En realidad, toda la batería de leyes que ha dado el Congreso está golpeando la lucha contra la criminalidad organizada nacional e internacional, así como contra la seguridad ciudadana.
Y esto porque nuestro Congreso tiene un 80% de parlamentarios procesados e investigados en el Ministerio Público por diversos delitos, entre ellos corrupción de funcionarios, lavado de activos y algunos con delitos comunes. Ellos están generando este tipo de herramientas para blindarse y escabullirse de la persecución penal que materializa el Ministerio Público a cabalidad.

– ¿Cuáles serían estas leyes?

Tenemos por ejemplo el cambio de la ley de crimen organizado donde contextualizan a la organización criminal con presupuestos totalmente complicados y difíciles de cumplirs en la realidad. ¿Para qué? Para obviamente evitar la persecución penal contra la política corrupta que se encontraba investigada por organización criminal. Un ejemplo de esto es que ahora solamente puede cometerse [el delito de] organización criminal materializando delitos que tengan una cadena de valor.

– ¿Qué significa cadena de valor?

Se entiende a la cadena de valor como subprocesos dentro de una unidad de proceso destinado a otorgar valor a cada parte o estadío de los sistemas de producción. Por ejemplo en la agricultura tienen semillas, al agricultor, el terreno, la siembra, cosecha, procesamiento y empaquetamiento del producto.

Todas esas son cadenas de valor. Para que en un delito exista una cadena de valor tiene que ser un delito como el narcotráfico, la trata de personas o lavado de activos. Sin embargo, los delitos de corrupción no tienen cadena de valor entonces el político investigado por corrupción que también se encuentra investigado como presunto integrante de una organización criminal, simplemente el tema de organización criminal se cae. Se cae porque los delitos de corrupción no tienen cadena de valor.

ESTRUCTURA CRIMINAL

– ¿Por qué se debe investigar la corrupción como organización criminal?

Porque estamos viendo que en el aparato estatal existe toda una estructura orgánica destinada a cometer crímenes en contra del patrimonio del Estado. Son crímenes para favorecer intereses propios del mismo sector político y esto está conectado no solo dentro de una sola institución por decir el Congreso de la República, donde incluso se está investigando una presunta red de prostitución, sino también las conexiones que tiene este con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía y el Ejecutivo.

Esto porque la corrupción trabaja bajo tentáculos, es por eso es que yo hablo de una gran organización criminal en la estructura del Estado y esto debilita el Estado social y democrático de derecho y golpea los derechos fundamentales todos los días a diestra y siniestra, empezando desde los derechos fundamentales más sensibles como la vida.

Recordemos que Dina Boluarte está investigada por algunos homicidios y está siendo protegida por el propio Congreso que ha venido, a través de la comisión de acusaciones constitucionales, archivando algunos casos en contra de los mismos parlamentarios, dilatando o retrasando algunas acciones que involucran a la presidencia de la República.

– ¿Quiénes integran este Congreso?

Hay una estadística que sacó el diario La República. Creo que unos 56 estaban investigados por temas de corrupción, 26 por lavado de activos, entre 12 y 15 por temas de delitos comunes como violaciones y otros. Pasaban los 90 congresistas investigados.

– ¿Qué podemos esperar de un Congreso con estas características?

Simplemente, blindaje entre ellos y obviamente golpean el Estado social y democrático de derecho. No podemos esperar nada [más]. Acá necesitamos un cambio, pero la presidencia de la República y Poder Ejecutivo no harán ningún cambio y no van a disolver el Congreso más aún cuando le queda un año de gobierno, que es lo que debió corresponder. Es más peligroso tener a este Congreso que tener a la propia presidenta de la República que tampoco merece estar sentada en el cargo ya que también está inmiscuida en actos de corrupción.

– ¿Por qué el Congreso es más peligroso?

Porque ellos se encuentran organizados de manera sistemática y prácticamente están dominando otros estamentos públicos. Recordemos que recién hemos recuperado el Ministerio Público que estaba tomado por el poder político. Y así como el Ministerio Público hay otras entidades como Migraciones o Policía Nacional. ¿Dónde está Cerrón? ¿Quién lo encubre? La Policía no hace su trabajo o está cumpliendo órdenes del jefe supremo de la PNP. Esas preguntas hay que responderlas, pero el Parlamento que tiene las facultades de fiscalizar a otros órganos del Estado, solamente fiscaliza a aquellos que van en contra de sus intereses propios, ni siquiera los intereses del pueblo. El Congreso para mi es mucho más peligroso que el Poder Ejecutivo.

PRESIDENTA TOMADA

– Tal como está el sistema electoral ¿el peligro es que se mantenga el actual sistema con un Congreso con más poder?

Claro. Se ha roto también la división de poderes en el Perú y la institucionalidad del control mutuo que existía entre los diversos poderes del Estado y los entes constitucionales autónomos. Justamente, porque esta organización criminal arraigada en el aparato estatal maneja otros poderes.

A la presidenta Dina Boluarte la tienen agarrada del cuello con las denuncias que tiene en el Parlamento, es por eso que ella se somete incluso a este poder político nefasto, a consecuencia de sus propios actos que la involucran en temas de presunta corrupción.

– ¿Qué otra ley es perjudicial?

[La ley que elimina la detención preliminar] golpea la persecución criminal en el Perú porque la antigua ley te permitía la detención sin flagrancia y con eso lograbas desarticular desde el inicio parte de estas organizaciones criminales […] que golpeaban a la sociedad y al Estado peruano, como los propios delitos de corrupción. Al sacar o eliminar la detención sin flagrancia no solamente se favorece a este sector corrupto, sino que favorecen al delincuente de a pie como este sujeto que asesinó a una niña y que habían pasado las 48 horas, ya no había flagrancia y ya no le podía detener gracias a esta ley del Parlamento. Sin embargo, si no se hubiese modificado esa norma, a este delincuente, con un mandato judicial a pedido del fiscal, simplemente se le detenía sin flagrancia. Ahora no se puede.

– ¿Otra norma perjudicial?

[Tenemos] la ley de colaboración eficaz donde le reducen los plazos y es imposible llegar a actos de corroboración en casos tan complejos en un periodo tan corto como los que establece la nueva ley de colaboración eficaz dada por este Parlamento entre otras leyes que definitivamente han debilitado la lucha contra la criminalidad en el Perú.

Los congresistas dicen que la detención preliminar era un mecanismo de presión y servía para crear testigos

Eran mecanismos de presión, pero para el corrupto. Es una herramienta procesal super importante para la lucha contra la criminalidad y lograr esclarecer los hechos desde el inicio. Recordemos que en casos tan complejos como los delitos de corrupción o casos tan nefastos como el asesinato de esta niña, si no se detiene al delincuente sea corrupto o sea asesino, desde el inicio, definitivamente se pueden perder las evidencias.
Imagínese el hecho de que llegue el fiscal y toque la puerta del delincuente investigado y este les diga que esperen que llegue su abogado. En ese interín, el delincuente está rompiendo los documentos y metiéndolos al inodoro, desaparecen las pruebas y el abogado apropósito se demora dos o cuatro horas para darle la oportunidad a que incluso borren todo el contenido de su propio celular como lo ha hecho el ministro Santiváñez cuando ha entregado su celular sin ningún dato.

INSEGURIDAD

– ¿Con estas leyes, seguirá creciendo la inseguridad?

La inseguridad es de total desinterés del poder político. Con eso distraen al pueblo para seguir blindándose y seguir robandole al Perú. Recién ayer hubo una intentona de reunión, mas parece un circo, porque no hay ningún experto y no llegan con algún informe contundente de sus asesores. Lamentablemente, si ustedes preguntan por los asesores del ministro del Interior, del premier o de los congresistas no van a encontrar ningún técnico o especialista en temas de seguridad que realmente le permita a estas autoridades presentar soluciones serias para la lucha contra la criminalidad y delincuencia común.

– ¿Qué salida le ve al problema?

En primer término, el poder viene del pueblo. El pueblo necesita estar bien educado sobre todo para elegir a sus nuevos gobernantes. Mientras el pueblo siga respondiendo a las ilusiones que les crea el político en campaña, a los regalos o tapers que reciben para considerar darles su voto a este tipo de políticos, definitivamente la situación no va a cambiar. Yo creo que con un voto de conciencia se podría tener mejores gobernantes y necesitamos alguien que esté dispuesto a enfrentarse a todo lo malo que existe en el Perú, A la clase política actual hay que erradicarla. No pueden existir en este país y tienen que desaparecer como políticos, y para eso creo que el Ministerio Público viene haciendo una lucha frontal contra la criminalidad.