La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional evaluará el próximo lunes 6 de enero de 2025 si Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, continuará en prisión preventiva o afrontará en libertad la investigación por el caso ‘Los Waykis en la Sombra’. La audiencia virtual iniciará a las 9:00 a.m. y analizará la apelación presentada por su defensa legal para revocar la resolución del juez Richard Concepción Carhuancho, quien el 17 de diciembre dictó 36 meses de prisión preventiva contra él por presuntos delitos de organización criminal y otros en perjuicio del Estado.
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Otros implicados también apelan
Ese mismo día, la sala revisará las apelaciones de Jorge Chingay Salazar, Jorge Luis Ortiz Marreros, Noriel Chingay Salazar y Zenovía Herrera Vásquez, quienes también buscan revertir las órdenes de prisión preventiva de 36 meses dictadas en su contra dentro del mismo proceso. Actualmente, los mencionados están en calidad de «no habidos» tras emitirse órdenes de captura en su contra.
Audiencia de mateo Castañeda
Por otro lado, el tribunal programó para el jueves 26 de diciembre a las 9:00 a.m. la audiencia para revisar la apelación del doctor Mateo Castañeda, exabogado de la presidenta Boluarte. Castañeda busca revocar los 24 meses de prisión preventiva impuestos por el juez Concepción Carhuancho el 22 de diciembre. En paralelo, el Ministerio Público ha solicitado ampliar el plazo de su prisión preventiva a 36 meses. Actualmente, cumple su detención en el penal Ancón Uno.
Presunta red criminal
Según la Fiscalía, ‘Los Waykis en la Sombra’ sería una organización criminal dedicada a colocar personas afines en cargos estratégicos de entidades estatales, como prefecturas y subprefecturas, para recabar fichas de afiliación y financiamiento destinados a inscribir al partido ‘Ciudadanos por el Perú’ ante el Jurado Nacional de Elecciones.
La sala también deberá decidir si aplica la nueva ley contra el crimen organizado aprobada por el Congreso, ya que el juez Concepción Carhuancho, mediante control difuso, no la consideró por considerar que contradice la Convención de Palermo, tratado internacional que busca fortalecer la cooperación en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.
