El lunes casi a la medianoche finalmente ingresó al Congreso de la República las observaciones que está planteando el Ejecutivo a la ley que restituye la detención preliminar, en el cual el Gobierno de Dina Boluarte propone al Parlamento que amplíe los requisitos para el uso de la detención preliminar en ausencia de flagrancia para evitar “el abuso judicial”.
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Con las observaciones planteadas, el Ejecutivo buscaría que el Congreso abra un nuevo debate sobre la ley y así evitar su aprobación por insistencia.
¿En qué casos?
El documento de nueve páginas y que lleva la firma de la presidenta Dina Boluarte y del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén Olaya, plantea una serie de ideas que deberían considerarse al restablecer la detención preliminar.
Plantean que su aplicación sería solo a delitos graves de feminicidio, sicariato, conspiración y el ofrecimiento para el delito de sicariato, secuestro, violación sexual, robo agravado, extorsión, organización criminal, tráfico ilícito de drogas y terrorismo.
También proponen que la detención preliminar sin flagrancia se aplique a los delitos sancionadores con pena superior a los ocho años. De igual forma que el juez que dicta una detención preliminar ya no resuelva el pedido de prisión preventiva, entre otras propuestas.