El Congreso de la República del Perú promulgó recientemente la nueva ley de delitos de lesa humanidad, la cual ha sido publicada en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano bajo la denominación de Ley 32107. Esta normativa precisa los alcances y la aplicación de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra dentro de la legislación peruana, una vez que el Ejecutivo dejó vencer el plazo para observar la normativa que había sido aprobada el pasado 4 de julio.
PUEDES LEER ► Congreso se pronuncia tras agresión contra Patricia Chirinos
Aplicación de la nueva ley de delitos de lesa humanidad
La Ley 32107 establece de manera clara que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigor en el ordenamiento jurídico peruano el 1 de julio de 2002. De igual manera, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad se incorporó a la legislación peruana el 9 de noviembre de 2003.
La ley puntualiza que ningún ciudadano será procesado, condenado o sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra si estos fueron cometidos antes del 1 de julio de 2002. Cualquier proceso judicial que infrinja esta disposición será declarado nulo, y quienes lo promuevan podrán enfrentar responsabilidades funcionales.
En consecuencia, la normativa advierte que cualquier hecho anterior a esa fecha no podrá ser considerado como delito de lesa humanidad o crimen de guerra. Además, aclara que los delitos cometidos antes de la entrada en vigor del Estatuto de Roma y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de estos crímenes se regirán por los plazos de prescripción establecidos en la ley nacional peruana.
Controversia en torno a la ley 32107
La nueva ley de delitos de lesa humanidad no ha estado exenta de críticas. Tanto la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han expresado su rechazo a esta normativa.
El Ministerio Público ha señalado que la ley resulta inviable desde el punto de vista jurídico, ya que contraviene el principio de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, un principio consagrado en el derecho internacional y en la jurisprudencia de la Corte IDH. Según la Junta de Fiscales Supremos, esta ley podría influir negativamente en más de 600 casos emblemáticos, como los de El Frontón, Sobres Bomba, Castro Castro, Huanta, La Cantuta y Barrios Altos.
Por su parte, la Corte IDH ha enfatizado que la promulgación de esta ley podría vulnerar el derecho de las víctimas a obtener justicia, especialmente en casos como La Cantuta y Barrios Altos, por los cuales el expresidente Alberto Fujimori fue condenado en 2009. La Corte ha recordado al Estado peruano su obligación de cumplir con las decisiones supranacionales, dado que es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos.
PUEDES LEER ► Caso Awajún: Congreso archivó moción de interpelación a ministros de Educación y la Mujer
Alcances de la ley y su impacto en la justicia
La Ley 32107, que lleva las firmas del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, y de la primera vicepresidenta, Patricia Juárez, es de aplicación automática en todo el territorio nacional desde el día siguiente a su publicación. No obstante, la ley ha generado preocupación en diversos sectores, quienes alertan sobre sus posibles efectos en la garantía del derecho a la verdad y la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el Perú.
En resumen, la nueva ley de delitos de lesa humanidad ha abierto un debate sobre la compatibilidad de la normativa nacional con los estándares internacionales de derechos humanos, y sobre cómo esta podría afectar los procesos judiciales en curso que involucran crímenes graves cometidos en el pasado.
