El Congreso de la República mantiene en suspenso la decisión sobre el reemplazo del congresista Guillermo Bermejo, quien fue condenado a 15 años de prisión por el delito de afiliación a una organización terrorista. El tema ha generado un nuevo debate interno en el Parlamento y una serie de reacciones políticas dentro y fuera del hemiciclo.
La situación fue confirmada por el vicepresidente encargado del Legislativo, Fernando Rospigliosi Capurro, quien informó que la Mesa Directiva aún no ha adoptado una posición respecto a la solicitud presentada por Zaira Arias, accesitaria de Bermejo. Según explicó, el caso se encuentra actualmente en evaluación técnica y legal.
Informe de la Procuraduría recomienda no activar reemplazo
De acuerdo con Rospigliosi, la Procuraduría del Congreso entregó un informe técnico-legal en el que recomienda no activar el procedimiento de reemplazo por accesitario, previsto en el artículo 25 del Reglamento del Congreso. “Pedimos ese documento para conocer la posición técnica. Ellos señalan que no se debe disponer la activación del procedimiento”, precisó el vicepresidente.
El informe será remitido a la Oficina de Asesoría Legal del Congreso, que deberá emitir una segunda opinión antes de que la Mesa Directiva tome una decisión definitiva. Solo después de ese análisis, se determinará si el caso pasará al Consejo Directivo o al Pleno para su votación final.
“Es un tema que requiere un análisis jurídico riguroso. No podemos actuar sin el respaldo de los informes técnicos”, añadió Rospigliosi, al remarcar que la Mesa Directiva busca evitar decisiones que puedan ser cuestionadas legalmente o interpretadas como intervenciones políticas.
Sin plazos definidos para la decisión
El vicepresidente parlamentario reconoció que aún no existe una fecha definida para la deliberación final. “Estamos en semana de representación y el Congreso se toma su tiempo; hay procedimientos que se deben cumplir”, señaló, en respuesta a las críticas de Zaira Arias por la demora en el trámite.
La accesitaria había manifestado públicamente su molestia por la falta de celeridad en el proceso, asegurando que la Mesa Directiva estaría dilatando su incorporación. Sin embargo, Rospigliosi insistió en que todo procedimiento debe seguir el curso legal establecido en el reglamento interno del Parlamento.
Posible acción judicial de Zaira Arias
Ante la posibilidad de que Arias interponga una medida cautelar ante el Poder Judicial para exigir su incorporación, Rospigliosi reafirmó la autonomía del Legislativo. “El Congreso toma sus decisiones. Hay división de poderes. Si el Poder Judicial toma una decisión que afecte al Congreso, será ilegal y no la acataremos”, advirtió.
El parlamentario fue más allá y lanzó duras críticas contra algunos magistrados del sistema judicial. “Hay jueces prevaricadores y corruptos que están tomando decisiones que no les competen. Si alguien toma una decisión equivocada, el Congreso hará respetar sus fueros”, enfatizó.
Las declaraciones del vicepresidente del Congreso se suman a un clima político marcado por la tensión entre el Legislativo y el Poder Judicial, luego de diversos fallos recientes que han cuestionado decisiones internas del Parlamento.
Críticas y contradicciones en torno al caso
En otro momento, Rospigliosi cuestionó la actitud de Zaira Arias, a quien señaló por mantener una postura contradictoria frente al Congreso. “Dice que este Congreso es una dictadura, pero ahora está desesperada por acceder al escaño. No lo entiendo”, manifestó el parlamentario, en alusión a las declaraciones anteriores de Arias sobre la gestión del Parlamento.
Estas declaraciones generaron reacciones mixtas entre los legisladores. Mientras algunos coincidieron en la necesidad de seguir el procedimiento legal antes de tomar una decisión, otros consideraron que la Mesa Directiva estaría demorando de manera innecesaria el proceso de reemplazo.
El contexto legal del reemplazo parlamentario
El artículo 25 del Reglamento del Congreso establece que, en caso de vacancia, suspensión o inhabilitación de un parlamentario, su reemplazo deberá ser asumido por el accesitario correspondiente, conforme a la lista presentada por la organización política. No obstante, el caso de Guillermo Bermejo presenta una situación particular debido a la sentencia penal en primera instancia y al proceso judicial en curso.
Fuentes legislativas explicaron que el informe de la Procuraduría busca evitar que se active el reemplazo antes de que la condena quede firme, ya que esto podría interpretarse como una vulneración del debido proceso. En ese sentido, la Mesa Directiva esperará el pronunciamiento de la Oficina de Asesoría Legal antes de emitir una resolución formal.
Debate sobre la autonomía del Congreso
La postura expresada por Rospigliosi también reavivó el debate sobre la autonomía del Parlamento frente a otros poderes del Estado. “El Congreso no está obligado a seguir las decisiones judiciales que invadan su competencia interna”, indicó, recordando que el principio de separación de poderes es un pilar del orden constitucional.
No obstante, algunos especialistas en derecho parlamentario advirtieron que, si bien el Congreso tiene autonomía funcional, sus decisiones deben estar sujetas al control de constitucionalidad y legalidad, por lo que una eventual negativa a acatar fallos judiciales podría derivar en una controversia constitucional.
El caso Ariana Orué y la Comisión de Ética
En paralelo al caso Bermejo, el Congreso también enfrenta cuestionamientos por nuevas denuncias internas. Rospigliosi fue consultado sobre la investigación contra la congresista Ariana Orué (Podemos Perú), acusada de usar a un trabajador del Parlamento para asistirla al gimnasio y de contratar a la pareja de su hermana con un sueldo superior a los S/10 mil mensuales.
El vicepresidente indicó que será la Comisión de Ética Parlamentaria la encargada de evaluar el caso y determinar las posibles sanciones. “Es un tema que debe resolverse en el ámbito de Ética. Nadie está por encima del reglamento, y todos los congresistas deben rendir cuentas por sus actos”, precisó.
La investigación contra Orué se suma a otros procesos abiertos por presuntas irregularidades en la contratación de personal dentro del Parlamento, lo que mantiene a la Comisión de Ética bajo la mirada de la opinión pública.
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