Las empresas sancionadas por la Contraloría General de la República ya no podrán contratar más con el Estado peruano tras la aprobación de un nuevo Dictamen en el Congreso.
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La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República aprobó hoy por unanimidad el Dictamen recaído en el proyecto de ley N°4646, que modifica la ley de contrataciones del Estado (N° 30225), para impedir sigan estableciendo contratos con el Estado a empresas, socios, directivos, accionistas, u otros integrantes que hayan tenido procesos sancionadores por parte de la Contraloría General de la República.
La iniciativa incluye a aquellas personas que formen sociedades anónimas o representantes legales, socios, accionistas, titulares, apoderados, administración, participacionistas, o cualquier persona que forme parte jurídica del grupo sancionado.
Según la Contraloría, actualmente existen 32 conductas infractoras incluidas en la Ley N° 31288, norma que tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional y establece medidas para el adecuado ejercicio de la Potestad Sancionadora de la Contraloría General de la República.
La propuesta no contraviene el ordenamiento jurídico vigente, ni colisiona con otra norma aplicable, pero si implica la modificación del artículo 11 referido a los impedimentos de contratación con el Estado, como una manera de incorporar medidas de disuasión, que creen un régimen sancionador rápido, confiable y efectivo.