Las medidas cautelares de reposición de trabajadores en el Gobierno Regional y municipios están dejando una bomba de tiempo por la falta de fondos para cubrir las planillas laborales.
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Según el abogado y experto en derecho administrativo sancionador, Orlando Vignolo Cueva, no solo se trata de la reposición sino gastos previsionales.
“Lo que se está creando es una bomba de tiempo porque esto va a explotar cuando las personas que están repuestas por parte de los jueces terminen jubilándose con pensiones públicas. Si ya te reponen eres inamovible y ganaste la estabilidad por decisión judicial. Luego el siguiente paso es ganar la pensión”, comentó el abogado.
Desde su punto de vista, este proceder vulnera principios de la carta magna.
“Esto viola los principios constitucionales de acceso a la función que es el mérito, la capacidad y la igualdad. El caos que se expresa en las resoluciones y medidas cautelares se refleja luego en una función pública indisciplinada que no tiene vocación de servicio”, agregó.
Caso por caso
Para el abogado, los jueces cometen un error al evaluar las demandas bajo los mismos parámetros.
“Nuestra función pública es muy heterogénea porque hay muchos regímenes jurídicos que se aplican a los empleados y a otros que tienen que ver con contratos. Otros que tienen que ver con desviaciones de la función pública como los locadores. Entonces, el juez no puede tener un parámetro estándar. Tiene que analizar caso por caso”, explicó.
Vignolo sostiene que se ha hecho creer que toda salida de la entidad pública implica una afectación al derecho de la persona.
“Esto los jueces no lo entienden. Creen que la desvinculación de un exservidor siempre es una afectación a la estabilidad y no funciona así. Muchos tienen en la cabeza que la estabilidad es un derecho de todo empleado público, sin importar su régimen o si hubo concurso [público] o no […] No se puede reponer así nomás”, indicó.
Agrega que uno de los problemas de fondo es que no hay especialización para el manejo de los casos de la función pública.
“Hay un proceso contencioso ordinario y un contencioso de función y empleo público. En las cortes peruanas no se ha creado una especialidad de verdad. Esto nos está llevando a serios problemas porque se hace difícil disciplinar, desvincular o reformar la administración”, indicó.
