La restricción del servicio hídrico para el uso agrícola generó un altercado en el Centro Poblado Chalacalá, en el Alto Chira, provincia de Sullana. Un agricultor, aparentemente descubierto hurtando agua del canal Daniel Escobar, arrojó a un efectivo policial al canal, según quedó registrado en un video difundido en redes sociales.
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Aproximadamente 50 efectivos de la División de Orden Público y Seguridad de Sullana (Divopus) fueron desplegados en el canal de derivación Daniel Escobar para garantizar la seguridad y prevenir el hurto de agua en la zona.
Desde las 10 p.m. del jueves hasta las 6 a.m. del viernes, policías de Lancones, Bellavista, Escuadrón Verde y la Unidad de Servicios Especiales (USE) de Sullana controlaron las siete tomas a lo largo de los 54 kilómetros del canal, con el propósito de impedir el uso de motobombas o electrobombas para extraer agua.
Esta medida se aplicó luego de que las autoridades responsables de la distribución del recurso hídrico decidieran abrir la bocatoma del canal, tras haberla mantenido cerrada varios días para asegurar caudal suficiente para el consumo humano.
Rehabilitarán pozos
Tras la declaratoria de emergencia por déficit hídrico en 34 distritos de Piura, se ha autorizado a los vecinos y agricultores de la región a rehabilitar pozos de agua sin necesidad de una autorización previa, como una medida de respuesta inmediata.
Esta decisión se enmarca en las medidas excepcionales dispuestas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), destinadas a atender las demandas de agua tanto para consumo poblacional como para actividades agrícolas, durante el período que dure la emergencia.
Sin embargo, la Resolución Jefatural 0427-2024-ANA, publicada en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, estipula que quienes realicen estas labores deberán notificar a la Administración Local de Agua (ALA) correspondiente en un plazo máximo de diez días hábiles tras iniciar las actividades.
Es importante resaltar que esta medida no incluye la reprofundización de pozos subterráneos y no exime a los usuarios de obtener una autorización formal posteriormente. Además, la norma permite, mientras persista el estado de emergencia por déficit hídrico, el incremento en los volúmenes de agua autorizados en los derechos de uso.
