El exdecano del Colegio de Abogados, Manuel Palacios consideró que el gobernador y los alcaldes se arriesgan a una sanción penal e inhabilitación en el cargo por la designación de funcionarios que no cumplen los requisitos del cargo.
Como se informó, desde enero entró en vigencia la ley N° 31676, la cual modifica el artículo 381 del Código Penal referido al nombramiento, designación, contratación, encargatura o aceptación ilegal del cargo.
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La norma señala que el funcionario que designe en un cargo a una persona que no reúne los requisitos legales, recibirá una condena de prisión no menor de dos ni mayor de cuatro años.
La misma sentencia será impuesta a aquel que acepte el cargo público sin cumplir los requerimientos.
Según Palacios, los requerimientos figuran en los documentos normativos y de gestión de cada entidad pública, en donde detalla los requisitos mínimos de formación y especialización para ocupar un cargo.
“La responsabilidad penal conlleva a la inhabilitación para ejercer estos cargos por un determinado tiempo. No es cuestión que me van a condenar a una pena suspendida, sino también, que forma parte de la pena, la inhabilitación”, comentó.
Contraloría
Como se informó, la Contraloría emite constantes informes sobre la idoneidad de las designaciones en las entidades públicas de Piura.
De acuerdo al informe de la Oficina de Control Interno del Gobierno Regional N° 068-2023, cerca de 40 funcionarios de confianza no cumplirían con los requisitos establecidos en el Manual de Organización y Funciones (MOF).
Se trata de los cargos en Prorural, Dirección de Agricultura, Dirección de Salud, Dirección de Comercio Exterior y Turismo, entre otros.
La Contraloría también emitió un informe donde advierte que el gerente general del proyecto especial Alto Piura y dos de sus gerentes, no acreditaban con documentos el cumplimiento de los requisitos básicos y específicos que se exige para ocupar estos cargos de responsabilidad.
