El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad de Castilla observó la contratación y pagos que recibió una trabajadora de la oficina de comunicación y despacho de alcaldía.
En primer lugar se observó que durante el periodo de 31 de enero al 30 de junio del 2023, se pagó S/19,000 por el servicio de difusión de notas de prensa, coordinación y ejecución de actividades protocolares, entre otros.
“Se confirma que a la fecha del requerimiento del servicio (31 de enero del 2023), la proveedora Mirla Carrasco Tiburcio no contaba con inscripción en el Registro Nacional de Proveedores”, se lee en el informe de OCI.
De otro lado, los auditores también concluyeron que la mencionada servidora habría trabajado antes de contar con una orden de servicio y certificación presupuestal.
Asimismo, en el informe también se cuestiona los pagos que recibió la proveedora por su labor en el despacho de alcaldía.
Se advierte que entre los años 2024 y 2025, la trabajadora brindó el servicio de “asistente técnica comunicacional” en el despacho de alcaldía con un sueldo promedio de S/4,500.
Lo que se indica es que los informes de la referida trabajadora eran un copia y pega durante todos los meses, sin detallar qué tipo de actividades realizaba en la comuna distrital.
“Los pagos a favor de Mirla Carrasco se realizaron tomando como referencia sus informes de actividades, las cuales eran copia y pega de lo informado en cada oportunidad de pago y contenían referencias genéricas del servicio prestado, sin especificar labores que corrobore realmente sus prestaciones”, se lee en el informe de OCI.
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