La Contraloría General de la República emitió un informe donde señala la responsabilidad penal y administrativa del exrector Omar Vences y a diez funcionarios de la Universidad Nacional de Piura, debido a serias irregularidades por un servicio de mantenimiento valorado en más de S/ 370 mil.

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Denuncian a 11 funcionarios de la UNP por perjuicio

 En el informe se advierte que 11 funcionarios, entre ellos al exrector, Omar Vences Martínez, y servidores tendrían responsabilidad penal y administrativa por serias irregularidades en la contratación del servicio de mantenimiento del Parque Informático y de Telecomunicaciones de la UNP, donde se habría descubierto un perjuicio económico de S/ 373, 400 durante el periodo del año 2021.

Asimismo, el órgano contralor indicó que es el procurador especializado en delitos  de corrupción, quién debe proceder con el proceso de denuncia.

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Irregularidades en contratación y presunto perjuicio 

De acuerdo al Informe de Control Posterior N° 015-2023-2-0203, la Contraloría señaló que la Universidad Nacional de Piura, en el año 2021, ejecutó el gasto por el servicio de mantenimiento del Parque Informático y de Telecomunicaciones de la UNP, al margen de la ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado y efectuó el pago de dicho servicio, sin el sustento correspondiente y sin acreditar la prestación efectiva del mismo.

De esta manera, en el informe de Contraloría se indica que los términos de referencia de dicha contratación no reunía las condiciones mínimas para ser considerada como tal, ya que no contaba con la información necesaria, tal como: 

• No se consignó una descripción de los antecedentes considerados por el usuario para la determinación de la necesidad, es decir, no se efectuó el requerimiento de contratación del servicio.
• No se describió el interés público que se persigue satisfacer con la contratación.
• No se consignó en forma clara, las actividades que se realizaría al proveedor.
• No se indicó la experiencia con la que debía contar el proveedor y el perfil del personal requerido, como formación académica, experiencia, capacitación y/o entrenamiento.
• No se estableció el plazo en el que se efectuaría el servicio; puesto que se debió indicar los días calendario en los cuales se debió ejecutar el servicio a contratar.

Además, el informe precisa que se advirtió que el servicio fue solicitado desde la Oficina Central de Tecnología de Información, donde el entonces rector Omar Vences aprobó el documento y autorizó el pago por el monto ya mencionado a un total de 54 personas, quienes presuntamente ejecutaron dicho servicio, lo cual se desembolsó pese a que este personal no sustentó la ejecución de estos trabajos. 

Involucrados

Los implicados afrontan responsabilidad administrativa y penal. Estos son: Luis Alberto Calle Estrada, Percy Hilario Casas Lazo, Cinthya Del Socorro Alzamora Rivas, Natalia Irene Huiman Seminario, José Félix López Ruiz, Karina Galecio Angeldonis, Jassayra Araliz Chulle Chapilliquén, Jorge Eduardo Garces Agurto, Patricia Elsa Valdiviezo Criollo y Betsy Emily Zamora Vignolo.

«Nosotros como autoridad autorizamos porque se nos informó que era pertinente y necesario y en función de eso lo hemos hecho. En el perjuicio económico ahí la Contraloría está catalogando mal las cosas porque sería perjuicio si la plata se hubiera perdido, hubiera habido peculado u otra cosa, pero el servicio ha sido ejecutado y en función de eso y como era obra por administración directa se ha hecho los pagos a cada persona que ha trabajado en el servicio. Particularmente no lo veo así (perjuicio económico), ya se ha contestado y tendrá que evaluar los descargos. Espero que la Contraloría tenga la suficiente capacidad para poder entender qué se hizo y pueda resolver de manera justa», indicó la exautoridad.