La Municipalidad de Castilla interrumpió ayer por la mañana el recojo de basura en el distrito luego que se le impidió el ingreso de sus compactadoras al relleno sanitario que administra la comuna provincial, por la deuda de S/2 millones que tiene por el servicio.
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De esta manera, se corrió el riesgo de que cerca de 100 toneladas de basura quedaran a la intemperie por el conflicto entre las instituciones.
Ante ello, la Municipalidad de Castilla dispuso el cierre definitivo del lugar por un presunto funcionamiento irregular.
Tras la intervención de la Fiscalía de Prevención del Delito y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, se logró que la comuna de Piura levante el cierre para que ingresen las compactadoras.
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Hasta el 15
Sobre el tema el alcalde de Piura, Gabriel Madrid, indicó que se ha dado plazo hasta el 15 de octubre para que Castilla pague la deuda o continuaría el cierre.
“A pedido del fiscal, [van a ingresar las compactadoras] hasta el día 15 […] De no ponerse a derecho, el fiscal sería quien lo denuncie. Será una última oportunidad porque ya tuvimos una reunión”, dijo Madrid.
Agrega que Castilla adeuda S/20 millones por el relleno, sin embargo, se le ha condonado el 80% para que paguen S/2 millones.
“El alcalde de Castilla de manera prepotente y malcriada dice que no va a pagar porque dice que es un botadero y lo va a clausurar. Él no lo puede hacer porque no es su competencia, aún si están en su jurisdicción. Solo lo puede hacer el ministerio o la OEFA”, afirmó.
Denuncia
De otro lado, Madrid dijo que el martes, el procurador edil interpondrá una denuncia por presunta malversación de fondos en contra del alcalde Walther Guerrero, porque recauda por limpieza pública, pero no cancela el uso del relleno.
Madrid reiteró que necesitan que los municipios paguen por el servicio para demostrar la sostenibilidad del futuro relleno que se construirá con cooperación internacional.
El nuevo relleno sanitario costará S/53 millones, de los cuales, S/11 millones son de la comuna de Piura, S/20 millones de la cooperación japonesa y el resto del ministerio.
Autoritario
Sobre el tema, el alcalde de Castilla, Walther Guerrero, dijo que se trata de una medida autoritaria.
“Dicen que cobran por un relleno sanitario, pero en realidad es un botadero. No han tenido balanza ni mantenimiento. Nosotros les hemos apoyado con maquinaria para que lo hagan. Son decisiones de Madrid y sus funcionarios hacia Castilla, que generan frustración. Creo que él está sentado ahí gracias al distrito. No puedo pagar ni 5 ni 3 millones porque eso va a perjudicar las obras”, aseveró.











