Uno de los principales calificativos que se le han atribuido a este Congreso es el de “populista” -por normas como las del retiro de dinero de las AFP-; más ahora que han promulgado una ley que intenta frenar la  especulación en los precios de los insumos que se han vuelto indispensables en esta pandemia.

Sin embargo, para el exdecano del Colegio de Abogados, Manuel Palacios, esto es necesario debido a la crisis sanitaria.

“Según nuestra Constitución, los precios se regulan por oferta y demanda, pero ante el abuso de algunas empresas, sí sería pertinente la regulación de los precios [de los medicamentos y el oxígeno], por el propio  estado de emergencia sanitaria. No tomemos esto como un populismo, sino que es un beneficio para quienes tienen un estado   crítico de salud”, consideró el abogado.

Aunque hizo hincapié en que la constitucionalidad de la ley deberá ser evaluada, en última instancia, por el Tribunal Constitucional (TC), pues el primer filtro  es el Ejecutivo, que debe considerar el libre mercado.

“Para evaluar si la ley federales válida, el TC debe hacer un estudio de los derechos   constitucionales que serían vulnerados, y los que se estarían beneficiando con la norma. Por la emergencia sanitaria, se trata de respetar el derecho a la salud y a la vida”, explicó.

¿Inconstitucional?

Por el contrario, para el presidente de la Cámara de Comercio, Ricardo Álvarez, tratar de regular los precios es una medida inconstitucional, pues vulnera el derecho al libre mercado, por lo cual el Congreso no debería tratar de intervenir.

“No debería haber una regulación de precios, pero condenamos la especulación, el acaparamiento, y hacemos un llamado a las  empresas de este rubro [salud] a mantener sus márgenes [de ganancia]. No decimos que regalen productos, pero sí que mantengan los márgenes. Hay malos empresarios que se aprovechan de estos momentos de necesidad”, enfatizó.

Por su parte, La congresista Angélica Palomino (Partido Morado) comentó que ya se aprobó la ley que sanciona el acaparamiento y la especulación de precios, por lo cual toca esperar 15 días para que el Ejecutivo se pronuncie.

“Si no observan la ley, entra en vigencia. Una cosa es libre mercado y otra, acaparar y revender. Es un delito comprar a un sol y  vender a 80. La norma es para situaciones de emergencia”, dijo.

Plantas de oxígeno

Palomino comentó, además, que hoy obtendrá la respuesta del Ministerio de  Vivienda sobre la viabilidad de construir dos plantas de producción de oxígeno en la región -iniciativa presentada por el párroco Martín Chero-. Una de ellas se levantaría en Sullana y la otra podría ser o para Piura o  para Sechura.

Mientras que el congresista Mario Quispe (Alianza Para el Progreso) criticó la lentitud de la administración pública: “Hay más interés de las autoridades, pero veo lentitud en el director de Diresa y en el gerente del Gobierno Regional. El gobernador se mueve, pero no la parte administrativa.  No hablamos de obras de cemento, sino de vidas humanas y por eso debemos avanzar rápido”.