Que el presidente Pedro Castillo se corra, desaire o no reciba a la Comisión de Fiscalización del Congreso no solo constituye una violación al artículo 97 de la Constitución que ampara a los parlamentarios a iniciar investigación sobre cualquier asunto de carácter e interés público, sino que sienta un pésimo precedente y sobre todo socaba la ley y la institucionalidad en el país.
El presidente es el primer ciudadano, el que debe dar ejemplo de transparencia, sometimiento y cumplimiento a las normas que son la base y fortaleza de un país. Por el contrario, Castillo ha hecho gala de transgredirla y menospreciar la institucionalidad reiteradamente. Según el ex defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, “es un trasgresor contumaz y recurrente” de la Constitución peruana y se le ¡perdona!
Es cierto que el Congreso no tiene buena reputación, pero en política y, sobre todo, en temas espinosos como es la investigación sobre presuntos actos de corrupción, las formas cuentan y Castillo está obligado a responder interrogatorios aunque resulten aburridos o sean parte de una estrategia política, salvo que en verdad, tenga mucho qué esconder.
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